El pasado martes, el juez Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo que lleva el caso del fiscal general del Estado, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, fue informado por la UCO de que tanto Google como Whatsapp habían autorizado la conservación de los mensajes de correo electrónico y de wasap que fueron borrados por Álvaro García Ortíz cuando tuvo conocimiento de su imputación. 

El jefe del Ministerio Público, que supuestamente había filtrado a un medio de comunicación que el novio de Ayuso trataba de llegar a un acuerdo de conformidad con Hacienda tras detectar posible fraude fiscal, borró de sus dos móviles los mensajes intercambiados con la teniente fiscal y con la fiscal provincial de Madrid, dándoles instrucciones para que dieran curso a esa información, y todo apunta a que con el borrado quería eliminar pruebas de sus maniobras. 

El presidente del Gobierno, al conocer la noticia, pronunció una frase demoledora: en el móvil del fiscal general había «cero mensaje» y se preguntaba «quién iba a pedirle perdón» por sospechar de él. Palabras que provocaron auténtica estupefacción; fue el único español que no relacionó el borrado con la intención de García Ortíz de eliminar pruebas que podrían incriminarle en un acto que podía ser delictivo.

Hace años que la publicación de mensajes recogidos en móviles ha convulsionado la vida política. Desde el «Luis, sé fuerte» de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas, que la entonces oposición consideró prueba irrefutable del entonces jefe del Ejecutivo en la financiación ilegal del PP, a diferentes conversaciones de excomisario Villarejo con la exfiscal general y ministra de Justicia Dolores Delgado, con la exsecretaria general del PP y titular de Defensa Dolores de Cospedal, o con el exsecretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez. 

En el escenario político actual, hace meses que no hay día sin que se produzca alguna noticia impactante que suele tener su origen, su prueba de autenticidad, en la publicación de conversaciones telefónicas y mensajes que inciden directamente en la corrupción económica que afecta a cargos destacados del Gobierno de Sánchez, incluido su círculo familiar y político más cercano. Hasta el punto de que su mujer y hermano se encuentran imputados y a Begoña Gómez se le acaba de añadir un presunto delito de malversación. Y está en el foco de importantes casos de corrupción actualmente investigados, como la trama Koldo.

Jamás en España la publicación de mensajes y conversaciones telefónicas entre personas de máximo nivel en el Ejecutivo y en el PSOE, junto a un puñado de colaboradores que incluyen comisionistas y funcionarios de mano larga, han provocado tanto escándalo. Esos textos procedían de personas que guardaban conversaciones escritas o de audio que consideraban especialmente delicadas, y que podían servirles en un futuro si se daban circunstancias en las que aparecían como inductores de presuntos delitos, lo que podría ocurrir porque en el mundo al margen de la ley el sálvese quien pueda habitualmente significa echar la culpa a otro de lo que uno es responsable. Por otra parte, esas conversaciones que se han acabado conociendo tenían su origen en las investigaciones de la UCO, la Unidad Central Operativa.

Es habitual, sobre todo en los últimos tiempos, que los teléfonos móviles se conviertan en elementos clave de la investigación. Tanto para seguir los movimientos de delincuentes o víctimas y tratar de localizar a unos o a otros, como para desentrañar los secretos que guarda el dispositivo. En el recuerdo está el caso del asesinato de Diana Queer, con la localización de por dónde se había movido, el encuentro de su móvil en el fondo del mar y, después, el análisis forense de ese móvil.

En España, además de empresas privadas que trabajan en el análisis de estos aparatos con su información borrada o encriptada, el organismo más especializado en ese sofisticado y complejo trabajo es el Centro Criptográfico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, pero al que recurren también la UCO de la Guardia Civil y la Policía Nacional, aunque en paralelo el CNI cuenta también con su propio departamento, así como la UCO y la Policía Científica.

Personal profesionalizado

En todos los casos, el personal adscrito a esos departamentos está muy profesionalizado, porque además de investigar sobre toda clase de huellas, restos biológicos y productos orgánicos y no orgánicos, cuentan con una metodología muy sofisticada, con sistemas que se pueden encontrar en el mercado de las más altas tecnologías y, en muchos casos, tienen sus propios sistemas, desarrollados específicamente para el tipo de investigaciones que se les encomiendan. No todos los colectivos necesitan los mismos medios, dependen del trabajo al que se dedican. No es igual el caso de quienes trabajan para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que para una empresa financiera, una de armamento o unos laboratorios, por ejemplo. A quienes forman parte de sus equipos de alta tecnología que están dentro de Policía, CNI y Guardia Civil se les suele llamar forenses, porque escudriñan en las «tripas» de los aparatos más sofisticados, últimamente muy centrados en lograr la información que guardan móviles de última generación cuyos programas están bloqueados, hasta el punto de que ni siquiera requerimientos judiciales son atendidos porque, dicen las marcas, lo que venden es fundamentalmente seguridad. 

Consideran prácticamente imposible obtener información de esos teléfonos porque además se pueden presentar denuncias en el caso de ser manipulados para su investigación. De ahí la importancia, recogida en líneas anteriores, de que tanto Google como Whatsapp hayan permitido investigar los terminales del fiscal general del Estado, que incautó la UCO cuando a requerimiento del juez investigaron su despacho oficial y se llevaron documentación, ordenadores y móviles. Los de García Ortíz habían sido borrados por él mismo.

Variedad de perfiles

Policía y Guardia Civil cuentan en sus departamentos científicos con personal con formación universitaria que, con frecuencia, procede de sus academias y, finalizada la carrera, deciden ampliar sus conocimientos con enseñanza universitaria que permite que se incorporen a estas secciones. Biólogos, físicos, médicos e ingenieros de cualquier especialidad son los más buscados.

Hace unos años, cuando esta periodista visitaba en Madrid la sede de la Policía Científica para aprender cómo se trabajaba contra el crimen organizado y, en aquel tiempo, cómo se aplicaban métodos sofisticados en la lucha contra ETA, aparecieron dos expertos de Estados Unidos que traían una cinta que les habían entregado, en la que supuestamente se recogía un mensaje grabado de Bin Laden, en aquel tiempo el hombre más buscado del mundo. 

Esos dos hombres habían viajado a la capital española donde sabían que, en la Policía, trabajaba un tal Charlie que, al parecer, era experto mundial en la identificación de pruebas sonoras, desde identificaciones de voz hasta detección de sonidos solo al alcance de la tecnología más sofisticada.

Hoy, este campo está muy centrado en los análisis de los móviles. Independientemente de la insistencia de los agentes para lograr que las marcas autoricen la exploración de teléfonos, el trabajo «forense» en los móviles más habituales, los que utilizan los ciudadanos de a pie, se han convertido en claves para la lucha contra la corrupción, como está ocurriendo hoy en España. 

Tan es así, que personalidades que se consideraban inmunes a cualquier investigación por su propio estatus de persona influyente, como otras que pensaban que nadie se atrevería a investigar sus teléfonos móviles, se encuentran hoy bajo investigación judicial.