La tercera parte de los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de Aranda para solventar los problemas de vivienda de familias desfavorecidas está infrautilizada. Es más, cuatro de los doce pisos destinados a viviendas sociales están a la espera de inquilinos que los estrenen desde hace una década. Son, en concreto, los pisos que la Junta de Castilla y León cedió en 2013 a la Administración arandina para esta ayuda social. Entre el arreglo de las viviendas, que supuso una inversión de 200.000 euros, la redacción de una ordenanza actualizada y el no cumplimiento de los requisitos de los solicitantes en la última convocatoria han ido acumulándose años de retraso sin que estos pisos hayan cumplido la función para la que están reservados.

De las 12 viviendas sociales, dos de ellas están reservadas a situaciones de urgencia, y ambas están ocupadas. La decena restante tiene cuatro ocupadas, una de las cuales quedará libre dentro de unos meses, porque la ordenanza municipal marca que se podrán ocupar por un plazo máximo de cuatro años. 

Las seis que siguen libres, cuatro son las que aún no se han estrenado y están ubicadas en el edificio conocido como de los Camioneros, ya que sirvió de viviendas, oficinas y garaje de la Consejería de Fomento de la Junta, que aún conserva parte de la propiedad. Son pisos de unos 50 metros cuadrados, rehabilitados para acoger a un máximo de cuatro personas. 

Las otras dos viviendas sociales libres a día de hoy son las ubicadas en la calle Santa Ana, ambas con tres habitaciones, una de ellas un dúplex, que podrían acoger a familias de cinco o seis miembros.

La última convocatoria para asignar estos pisos libres a familias con necesidades de recursos habitacionales se abrió en agosto de 2022 y quedó desierta. «Se presentaron 14 solicitudes, pero ninguna cumplía con todos los requisitos marcados, como el de no tener deudas con el Ayuntamiento en el momento en el que se publica, no vale con que pagues lo que debes después, tienes que estar al corriente de pago en el momento de la publicación de la convocatoria», puntualiza como ejemplo de uno de los requisitos el coordinador de Servicios Sociales del Ayuntamiento arandino, Elías Tristán.

Además de la cesión de uso de estas viviendas sociales, por un año con posibilidad de tres prórrogas, desde los CEAS de Aranda se hace un seguimiento constante de la situación de las familias a las que se les asignan estos recursos. «Nosotros vamos a visitar los pisos y a las familias, siempre con su consentimiento, pero nos tienen que dejar entrar en la vivienda y, además de comprobar que todo está en regla, les ayudamos a salir de la situación de precariedad con programas de empleo o lo que necesiten, nos aseguramos de que si hay niños estén escolarizados... hacemos un seguimiento mientras están ahí», asegura Tristán confirmando que este recurso no se queda sólo en la mera disposición de una vivienda a un precio muy reducido, sino que se hace una intervención integral.