Tras 7 años de dura lucha judicial, los transportistas empiezan a recibir en sus cuentas corrientes las indemnizaciones correspondientes a los daños causados por los sobreprecios que pagaron en la compra de sus camiones entre 1997 y 2011. No son todos los que han demandado al cártel de fabricantes en Burgos, aunque sí los que adquirieron cabezas tractoras de Mercedes, el primer denunciado que ha decidido saldar deudas, al menos entre los afectados de Asebutra.

En los últimos días, el despacho de abogados que llevaba su caso les ha comunicado la decisión de poner fin al contencioso y pagar, lo que ha supuesto un reembolso en sus cuentas corrientes de varios miles de euros, dependiendo el número de vehículos adquiridos en fraude por el afectado.

Las cantidades oscilan entre los 10.000 y 13.000 euros, aproximadamente, por unidad, dinero correspondiente al 5% del coste de los vehículos sobrevalorados artificialmente por los principales fabricantes de camiones durante 14 años y descontados los gastos judiciales.

A los 83 demandantes representados por Asebutra se les ha comunicado que el resto de marcas harán lo mismo que Mercedes en breve plazo, aunque no se han precisado fechas. Todos están a la espera, cansados de un proceso judicial que llevaba años sin avances significativos y que les supone un gran desembolso económico.

Más recursos. Las primeras indemnizaciones conocidas coinciden con un aluvión de recursos en el Tribunal Supremo. 

'La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acuerda admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y casación...'. Así concluyen decenas de fallos tramitados en las últimas semanas en el alto tribunal, todos ellos relativos a las demandas interpuestas por los transportistas víctimas de la venta con sobreprecios pactados. 

Los recurrentes de las sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos, en estos casos, son los grandes fabricantes señalados por estas prácticas (Daimler AG, Renault Trucks e Iveco se pueden leer en algunos de estos fallos) fieles a su estrategia de dilatar al máximo el proceso judicial y poner a prueba la paciencia y la economía de cientos de transportistas, muchos de ellos empresarios autónomos ya jubilados.

Los abogados que están trabajando en este caso esperaban este tipo de maniobras judiciales de la otra parte, especialmente porque el Supremo ha establecido en sus últimas sentencias que la indemnización que percibirán los transportistas será del 5% del sobreprecio aplicado en la venta de los vehículos, rebajando los fallos que lo elevaban hasta un 10% e incluso un 15%.

«Ellos saben que van a terminar pagando, todos los informes e inclusos las primeras sentencias firmes apuntan en este sentido y van a dilatar al máximo el realizar los pagos», explica Sergio Carpio, abogado del despacho BK ETLGlobal y participante en estas demandas desde sus inicios.

Las indemnizaciones son el punto y final a un largo proceso que arrancó con la sanción impuesta por la Comisión Europea a los fabricantes del cártel (Iveco, DAF, Daimler-Mercedes, Volvo-Renault, Man y Scania) de 2.926 millones por pactar los precios. La sanción ya reconocía de por sí el derecho a indemnizar a los transportistas, aunque el procedimiento se ha alargado en el tiempo y las empresas implicadas han optado por recurrir todos los pasos judiciales.

En Burgos se estimó que se podrían haber comercializado unas 700 cabezas tractoras irregularmente. A nivel nacional, las unidades afectadas ascenderían a las 150.000.