La Federación Estatal de Entidades Locales Menores (Faem-Feem), a la que se unieron la Asociación de Pueblos Olvidados y el Partido Regionalista de Castilla y León (PRCAL), llevó hasta el Ministerio de Hacienda, en Madrid,  su rechazo al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que se contempla la supresión de las 3.725 entidades locales menores de toda España, de las que 652 se encuentran en la provincia de Burgos, una de las más afectadas de la región junto a la de León, que tiene casi 1.300 pedanías.

 Los representantes de los manifestantes, que estimaron la participación en unas 20.000 personas, entregaron en el Ministerio Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, un manifiesto en el que exigen que se mantengan las juntas vecinales y destaca que ellas no son las causantes de la crisis, que no generan gastos, por que los alcaldes pedáneo y los  vocales de esas juntas administrativas «no tienen sueldo». En ese documento también se recuerda que estas administraciones son las más próximas y cercanas a los ciudadanos, y también las más antiguas.

De Burgos, según manifestó Ismael Alonso, presidente de la Asociación de Pueblos Olvidados, una de las organizaciones convocantes, acudieron unas 500 personas procedentes de toda la provincia. «Es importante que en Madrid se escuche la voz del mundo rural de toda España y creo que esta manifestación ha servido para que el Gobierno central reflexione», afirmó el presidente de la Asociación de Pueblos Olvidados, quien también entregó el Ministerio de Hacienda las firmas de algunos diputados provinciales burgaleses en contra de la supresión de las juntas vecinales.