La Policía Nacional le tenía más que fichado. Básicamente porque sobre él pesaba una condena previa por tráfico de drogas que se suspendió por ser menos de dos años de cárcel. Por eso, los 'estupas' de la Comisaría no dudaron en ponerle la lupa al tener constancia de que había vuelto a las andadas. Tras varios seguimientos y registrar su vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad, comprobaron que era, presuntamente, un distribuidor de hachís. Lo peor de todo es que algunos de sus clientes eran menores de edad, cuestión que él mismo conocía. Ahora la Fiscalía pide seis años de prisión y una multa de 28.000 euros.  

La investigación del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Burgos comenzó en el mes de noviembre de 2023, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público. Las primeras pesquisas permitieron concluir que D.R.F., de 46 años, traficaba con hachís en su propio domicilio del barrio de El Crucero. En cuestión de días, documentaron varias transacciones ilícitas gracias a diferentes seguimientos. 

La primera vigilancia recogida por el fiscal data del 29 de noviembre, cuando vieron a un hombre acceder al interior del domicilio del acusado, quien le entregó una bolsita que contenía una sustancia marrón que, debidamente analizada, resultó ser cannabis con un peso neto de 26,5 gramos. Unos días más tarde, el 14 de diciembre, vieron a un menor de 16 años comprando 5,5 gramos de hachís. Según defiende la acusación pública, era plenamente consciente de su edad. 

Los hechos descritos valieron a los investigadores para solicitar al Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos un auto de entrada y registro en el domicilio de D.R.F., así como sus trasteros anexos. En la redada, los policías nacionales encontraron más de 800 gramos de resina de cannabis distribuidos en bolsas y tabletas. También hallaron envoltorios de plástico con 78,35 gramos de MDMA, con 8,75 de cocaína y con 2,2 de marihuana. ?

Al margen de las mencionadas drogas, también hallaron una sustancia utilizada y empleada en la manipulación de estupefacientes,  así como dos básculas de precisión. La totalidad de la mercancía intervenida en las propiedades del acusado, que según las conclusiones de la Fiscalía a tenor de las pruebas recabadas tenía pensado destinarlas al consumo de terceras personas, habrían alcanzado en el mercado ilícito un valor total de  9.947,33 euros. 

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional le detuvo nada más terminar el registro y pasó a disposición judicial al día siguiente, el 15 de diciembre de 2023. Desde entonces, D.R.F. se encuentra en prisión provisional a la espera de un juicio que está previsto que se celebre el mes que viene. 

Para el Ministerio Fiscal, los hechos relatados constituyen un delito contra la salud publica en la modalidad de sustancias que causan grave daño a  la salud recogido en el artículo 368 del Código Penal. Concurre, además, la agravante de reincidencia al pesar sobre el una condena previa por hechos similares. Es por eso que solicita para él la pena de seis años de prisión y una multa de 28.000 euros. Además, deberá ser condenado a abonar las cosas procesales derivadas del juicio.