Los camiones tendrá prohibido circular por la Nacional I antes de acabar el año. Esa es la consecuencia de la reunión mantenida ayer en dependencias del Ministerio de Fomento, encuentro que viene a ultimar la toma de decisiones sobre la problemática de la siniestralidad de la carretera convencional entre Burgos y la provincia de Álava, de la que se había debatido mucho y hecho poco.

En concreto, será el tramo que discurre entre los peajes de Rubena y Armiñón el que quedará vetado al tráfico pesado «en el segundo semestre de este año», según confirmó ayer el senador y portavoz ‘popular’ en la Comisión de Fomento de la Cámara Alta, Jaime Mateu. A cambio, los autónomos y empresas de transporte que utilicen esta ruta verán bonificada su tarifa «en un 50%», siendo la otra mitad del coste del peaje compensada «directamente por el Ministerio a la concesionaria», lo que significa que no habrá ni mediación ni cargo alguno para la comunidad autónoma, que es una posibilidad que se barruntaba y que sí se ha aplicado en otros tramos de carretera.

El Ministerio presidido por Ana Pastor tiene libertad de movimiento para adoptar una medida de este calibre, que supondrá de facto la  reserva del uso de la N-I a los turismos, ya que previó la posibilidad en los presupuestos generales del Estado para 2015. Concretamente, se reservó una partida de 16 millones para adoptar medidas paliativas en las carreteras convencionales para las que existe una alternativa de pago y que han firmado un largo historial de víctimas en accidentes.

Esas bonificaciones se articularon en virtud al Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que aprobó el Consejo de Ministros en junio de 2014. El cálculo inicial es que 6 de esos millones servirían para ejecutar la compensación a la concesionaria por la bonificación a los transportistas, quedando el resto reservado a otras intervenciones en distintos puntos de la geografía nacional.

No obstante, puntualiza Mateu, «no habrá un límite económico y la partida será ampliable si es que resulta necesario». Las conversaciones mantenidas en Madrid sobre esta posibilidad llegan así a buen puerto, pero ahora hay que trasladar la decisión, en la que ha jugado un papel importante el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño González, al sector del transporte.

Si bien resulta evidente que los usuarios particulares y los municipios afectados aplaudirán la decisión de ‘limpiar’ la N-I, también está claro que los distribuidores de carga ya no podrán decidir qué alternativa utilizar y estarán obligados a pagar la mitad del coste del trayecto.

Y Miranda-Zaragoza

Otra de las medidas acordadas que también tendrá un impacto directo en la provincia, y sobre todo entre los conductores mirandeses, será la adopción de la misma prohibición de circular para vehículos pesados a cambio de ver bonificada su tarifa en los peajes alternativos en la Nacional 232 en su segmento entre la ciudad del Ebro y Zaragoza, un tramo de 198 kilómetros en el que el nuevo régimen de uso entraría también en vigor en el segundo semestre de este ejercicio.

De esta forma se materializa la promesa realizada por Niño en noviembre cuando, precisamente en respuesta a una pregunta de Mateu en el Senado, señaló que Fomento «considera absolutamente necesario optimizar y potenciar el tráfico de vehículos en general y de camiones en especial por las autopistas».

En la misma sesión sacó a colación la experiencia en Gerona con la N-II y la AP-7, donde Estado y Generalitat firmaron un convenio de colaboración para reducir el peaje de los camiones un 50% y prohibir su circulación por la carretera. Esta actuación, reconocía Fomento, «ha supuesto un incremento notable de la seguridad en la Nacional, ya que ha permitido sacar de la carretera 3.000 camiones al día». En el caso de Burgos ni siquiera será necesario el concurso de la Junta.