Los cerca de medio centenar de trabajadores que aguantaron hasta el cierre de Montefibre suman tres años sin cobrar. A través del Fondo de Garantía Salarial recibieron una parte, aunque en total tienen pendientes cerca de medio millón de euros. El dinero siguen sin verlo, pese a que como confirma el administrador concursal en su último informe trimestral, en caja conservan más de 2,6 millones de euros. La cantidad  se recibió de la empresa Erri Berri por el desmantelamiento, un proceso que por otra parte se da por concluido según la documentación aportada.

La plantilla recibió en diciembre el último informe del administrador concursal, en el que se indicaba que no podía proceder todavía a «la distribución de la tesorería». En otras ocasiones, la excusa transmitida por los empleados tenían que ver con la venta de algunas fincas, aunque de eso ahora no hay rastro, ya que la única mención sobre terrenos se hace para decir que la parcela se ha devuelto a Endesa tras el derribo y la descontaminación de las instalaciones.

El administrador considera que aún se pueden seguir generando «créditos contra la masa», lo que significa que la deuda de 45 millones de euros con los acreedores puede aumentar. A la cola para cobrar, al margen de la plantilla, hay multitud de pequeñas empresas locales y también administraciones, como el Ayuntamiento de Miranda al que se le debe poco más de un millón de euros o una sanción que la Junta de Castilla yLeón mantiene pendiente por valor de más de 22 millones de euros.

En cualquier caso y pese a la imposibilidad de empezar a repartir el dinero que se acumula en la caja, el administrador concursal sí que indica que «está valorando distribuir los primeros escalones» de las cantidades adeudadas, teniendo en cuenta que no cubrirá todas las necesidades. En este sentido, la Ley Concursal marca como «imprescindibles», los salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación, mientras continúen prestando servicios, y la retribución de la administración concursal durante la fase de liquidación, además de hipotéticas rentas por los posibles inmuebles arrendados.

Con todo este panorama, en la plantilla confiesan la sensación de que «no vamos a cobrar», aunque en un primer momento hace tres años se les aseguró que si obtenían ingresos tendrían «prioridad» entre los acreedores. Por eso, hay otros que mantienen cierta esperanza a la espera de lo que ocurre con los millones que hay en caja.