Las actuaciones que realiza la Defensora Universitaria, órgano unipersonal de la UBU que vela por los derechos y las libertades de los colectivos que integran el campus, resultan mínimas en términos relativos al afectar a tan solo a un 1% de los estudiantes y a un 2% del profesorado. Sin embargo, su labor no pasa inadvertida en forma de recomendaciones de las que deja constancia en su informe anual y estas afectan tanto a los primeros como a los segundos. En su estudio correspondiente al pasado curso académico, realiza una serie de recordatorios a estos últimos, entre los que incluye el hecho de que no  asistir a clase no puede condicionar la superación de una materia.

«No es válido imponer requisitos de asistencia a clases teóricas para aprobar una asignatura, salvo en el caso de las clases prácticas, donde la presencialidad puede ser obligatoria siempre que esté debidamente especificada en la guía docente», remarca la catedrática Julia Arcos, quien reconoce que la situación puede parecer un tanto paradójica, dado que resulta lógico pensar que quien paga por estudiar quiera acudir al centro a aprender, si bien precisa que no se trata de condicionante alguno. Es decir, que lo de pasar lista tiene que quedarse como una práctica meramente informativa del docente para «conocer el grado de asistencia».

Arcos insiste en que no se trata de un comportamiento generalizado, lo mismo que ocurre con otra serie de quejas que parten del alumnado en relación a exigencias de los docentes no incluidas en la norma. Estas tiene que ver con que las evaluaciones deben garantizarse, poniendo como ejemplo que no puede supeditarse la presentación a una prueba a la realización de otra previa, ni tampoco que tenga que responderse de forma correcta una parte concreta de un examen para corregirlo en su totalidad. 

Recuperaciones. En la misma línea, la Defensora Universitaria subraya que «todas las pruebas deben ser recuperables» y las excepciones «estar claramente justificadas y contar con la aprobación de las juntas de centro o de facultad». Además, añade a esta cuestión una segunda preocupación que parte de los estudiantes vinculada a las revisiones cuando existen causas justificadas para no poder acudir el día establecido. «Es necesario contar con procedimientos más flexibles que garantice ese derecho, siempre que se acredite un motivo legítimo para el retraso», explica la catedrática, al tiempo que apunta otra cuestión que valora como «fundamental» para la plantilla docente de la Universidad de Burgos.

Arcos hace referencia en este sentido a que, siempre que sea posible, se devuelvan los trabajos corregidos con «comentarios detallados que indiquen las deficiencias observadas» al considerar que este tipo de explicaciones «favorecen tanto el aprendizaje como el interés del alumnado por mejorar su desempeño académico».

En el lado del profesorado, la preocupación por el plagio del alumnado continúa creciendo fruto del uso inadecuado de herramientas digitales relacionadas con la inteligencia artificial (IA), lo que dificulta su detección. Durante el curso pasado, la Defensora Universitaria intervino en 6 casos, si bien  la responsable de este órgano reconoce que algunas de las sospechas no pueden demostrarse de forma fehaciente. Por ello, plantea alternativas para atajar esta problemática como la realización de exámenes orales o de exposiciones.

De igual forma, sugiere la posibilidad de solicitar a los estudiantes «una declaración de originalidad de los trabajos, indicando las fuentes consultadas de manera adecuada».