El Ayuntamiento de Burgos tiene la previsión de iniciar el próximo mes de marzo la obra civil de los puntos de control para la instalación de cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, según detalló ayer la portavoz del equipo de Gobierno,Andrea Ballesteros, se espera que esté implantada en julio de este año. Eso sí, sin efectos prácticos hasta 2027, ya que la ordenanza que regula el también conocido como 'Burgos Central' establece en su disposición final «un periodo de moratoria de 18 meses», en el que «no se impondrán sanciones a los vehículos que accedan, circulen o estacionen».

Durante ese año y medio de moratoria, «que se justifica a efectos de la adaptación gradual de la ciudadanía» a la ZBE, la normativa municipal establece que se podrá «remitir a los infractores de la ordenanza un documento informativo de la infracción cometida, sin que lleve aparejada la sanción».

En caso de cumplirse estos plazos las multas comenzarían a ponerse apenas cinco meses antes de las elecciones municipales y habrá que ver si el equipo de Gobierno intenta extender la moratoria, ya que los políticos suelen cuidarse mucho de no acudir a la cita con las urnas con una medida que generará molestias en tanto que limitará los movimientos a los vehículos más antiguos e incluso los multará si penetran dentro de la zona de influencia de Burgos Central.

Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo municipal confirmó ayer que en el Ayuntamiento se dan por perdidos los 2,6 millones de euros de fondos europeos para la implantación de la ZBE, ya que no se ha llegado a tiempo para cumplir con los plazos marcados y el Ministerio de Transportes ha negado conceder una segunda prórroga. La ciudad tendrá que soportar en solitario los 3,5 millones de euros que, en total, costará la puesta en marcha de Burgos Central.

Aún sin resolver. Mientras se ejecuta el actual contrato con Etralux, el Ayuntamiento sigue negociando con la misma empresa la posible indemnización por la anulación del anterior, que también le fue adjudicado por el mismo precio y sigue sin resolverse. 

El Ayuntamiento de Burgos es el que más pagará de todas las ciudades del entorno por la implantación de la ZBE.