La macrocausa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía, el mayor escándalo de corrupción en España, afronta estos días un episodio inédito tras el choque entre la Audiencia de Sevilla, que condenó en la pieza política a ex altos cargos socialistas de la Junta, y el Tribunal Constitucional (TC), que le concedió amparo a la mayoría de los procesados.

Una década y media después de que este mediático caso llegara a los tribunales, la Audiencia sevillana y la Corte española de Garantías, intérprete supremo de la Constitución, pero que no forma parte del Poder Judicial, escriben un último giro de guion en una controversia que podría llevar el caso de los ERE hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), bajo estas claves:

1. Amparo del TC y nueva sentencia pendiente de los ERE

El amparo otorgado por el Constitucional, que conllevó que se anulara la pena de cárcel a condenados por corrupción como el expresidente andaluz José Antonio Griñán y que se rebajara el castigo al también expresidente Manuel Chaves, supone que la Audiencia de Sevilla tenga que dictar una nueva sentencia sobre los ERE que respete el derecho fundamental a la legalidad penal que el Tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido consideró vulnerado.

Una vez aclarado qué magistrados integran el Tribunal sevillano que debe emitir ese nuevo pronunciamiento, la Audiencia ha cuestionado ahora que el amparo del Constitucional sea del todo «compatible» con el derecho comunitario de la Unión Europea, al plantear si la Corte de Garantías pudo extralimitarse o invadir ámbitos reservados a los jueces.

Se refiere a una posible invasión de ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales puesto que el Constitucional, al hacer una interpretación alternativa sobre los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos juzgados, revisó lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como lo confirmado luego por el Tribunal Supremo, que consideraron fraudulentas las ayudas sociolaborales otorgadas por el Gobierno andaluz.

2. Cuestión prejudicial

La Audiencia de Sevilla ha dado un plazo, que acaba la próxima semana, a la Fiscalía, acusaciones del PP, Manos Limpias y defensas, para que se posicionen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este procedimiento se utiliza en los casos en los que la interpretación o validez jurídica del Derecho de la Unión Europea está en cuestión, y cuando un órgano jurisdiccional ve necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo o cuando no exista jurisprudencia en el Derecho nacional.

3. Controversia judicial

La institución provincial planteó si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuestos de Andalucía de los años 2002 a 2009, que está en el fondo de la controversia sobre este caso, «se opone» a la normativa y jurisprudencia comunitaria al dejar «al margen de todo control» aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria, desde la fase inicial de elaboración de las cuentas públicas a su ejecución.

También expuso la posibilidad de que la doctrina del TC incumpla las exigencias internacionales contra la corrupción, «incompatible» con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la UE sobre la lucha contra el fraude y la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros comunitarios.

4. El TC mueve ficha

Este movimiento de la Audiencia ha llevado a Conde-Pumpido a abrir el debate sobre si el tribunal sevillano puede elevar esta cuestión prejudicial a la Justicia europea.

Se trata de una consulta que busca aclarar si un órgano judicial ordinario puede acudir a la Justicia europea para tratar de esquivar las resoluciones del TC, un paso inédito por parte de la Corte española de garantías que nunca antes había intentado frenar de esta forma una consulta de jueces ante Europa.

5. Competencia para consultar en Europa

Aunque los magistrados españoles son competentes para preguntar al Tribunal europeo, la duda que plantea la institución que lidera Pumpido está en si lo pueden hacer respecto de resoluciones de la Corte de garantías con las que discrepan.

Antes de deliberar sobre este asunto en pleno y para contar oficialmente con el documento, el Tribunal Constitucional pidió -dentro su forma habitual de comunicación con los órganos judiciales- a la Audiencia de Sevilla copia de su providencia para después, previsiblemente, solicitar un informe a los letrados de la Corte de garantías sobre si puede acudir al TJUE.

A la espera de que el Tribunal fije una posición, fuentes jurídicas informan de que están consultando a letrados, especialmente a los que dominan el derecho comunitario, para formarse una opinión con informes internos que ya circulan entre los togados. Uno de ellos, elaborado por una letrada adscrita a César Tolosa, concluye que el TC no puede impedir a los jueces españoles que acudan al TJUE y que supone reforzar las garantías de este procedimiento.

6. La Audiencia de Sevilla se resiste

Tras esta última solicitud, la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia sevillana, en un movimiento igualmente inédito dado que no hay precedentes de que un órgano así se haya resistido de forma tan clara ante el máximo intérprete de la Constitución, le replicó que justificara la motivación de su petición.

En una nueva diligencia, ha reclamado al TC que concrete «la razón de ser» de la solicitud de la providencia que materializa ese último trámite del Tribunal sevillano. Un último paso que no se atisba ni mucho menos como el último en un culebrón judicial al que parecen quedarle todavía muchos capítulos.

Porque todo apunta, según fuentes judiciales, a que previsiblemente la próxima semana se celebre una reunión entre todos los togados para resolver esta cuestión y tomar una decisión antes de que venza el plazo que la Audiencia ha dado a las partes para pronunciarse.