En cuatro días entrará en vigor la nueva normativa de regulación de los llamados VMP (vehículos de movilidad personal), donde se engloban todos los patinetes eléctricos. Un reglamento que ha estado en boga durante meses y que los propios usuarios siguen sin tener del todo claro. La Dirección General de Tráfico quiere, ante el imparable incremento del parque móvil, tener un control de este tipo de transporte a través de placas de marcaje que describan sus características. Pero su implantación, las restricciones y otras reglas del juego chocan contra las demandas de unos conductores que buscan, ante todo, mejorar en seguridad. En Burgos, los atropellos a las personas que los utilizan ya están casi al nivel de las bicicletas y los heridos se incrementaron un 50% en 2023. 

Según los datos facilitados por el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, el año pasado se atendieron un total de 33 avisos por colisiones entre vehículo y patinete, 11 más que en 2022. Cabe resaltar que, pese a que no se consideran atropello como tal sino accidente, el impacto para el usuario de VMP es prácticamente el mismo que para un peatón. Según la DGT, muchos de estos siniestros conllevan fracturas con un 50% de probabilidades de acabar en el hospital. 

Los datos de accidentalidad sirven para tener una visión global sobre el cambio de paradigma en la movilidad de la ciudad. Y es que, si se suman los incidentes en los que se ven implicados vehículo-patinete y vehículo-bicicleta, se alcanza una cifra total de 84, que son los atropellos a peatones que hubo en 2022. Éstos últimos, por cierto, se volvieron a incrementar el pasado ejercicio hasta rozar el centenar, tres de ellos con fallecidos, pese a las medidas que ha llevado a cabo la Policía Local para intentar frenarlos. 

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