¿Quién aseguró que las tasas no iban a restringir el acceso de los ciudadanos a la Justicia? Cinco meses después de su supresión para las personas físicas -el Gobierno firmó el real decreto para su abolición el 27 de febrero de 2015- los asuntos que han entrado en los tribunales de Burgos han aumentado de manera significativa. El incremento se ha notado, sobre todo, en el orden contencioso-administrativo. En este ámbito la cifra de procedimientos en cinco meses se ha disparado un 39% en los juzgados ordinarios, de los 320 registrados entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2014 a los 447 contabilizados en el mismo periodo. Las apelaciones ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia han subido también, en este caso un 31%, al pasar de 84 a 110, según los datos que aportó la oficina judicial.
Y es lógico dicho crecimiento. Reclamar a los ayuntamientos, la Junta o el Estado no ha salido gratis para los particulares entre diciembre de 2012 y febrero de 2015. Hasta hace cinco meses un procedimiento abreviado en el orden contencioso costaba 200 euros y uno ordinario llegaba a 350. El precio de los recursos ante el TSJ ascendía a la friolera de 800 euros. Y en el Supremo, hasta 1.200 euros. «Ahora ese dinero ya no hay que pagarlo y la gente, que tiene derecho a apelar -esto no es abusar de la Justicia, como decían algunos- lo está haciendo», señala Joaquín Delgado, decano del Colegio de Abogados de Burgos.
En la jurisdicción civil el crecimiento también ha sido patente, en este caso en los recursos ante la Audiencia de Burgos, secciones segunda y tercera (civil y mercantil). Si entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2014 llegaron al tribunal provincial un total de 268 apelaciones la cifra en el mismo periodo de este ejercicio ha alcanzado las 338, lo que representa un incremento porcentual del 26%. Mientras estuvieron vigentes las tasas recurrir ante una segunda instancia en este orden tras perder el primer juicio costaba un mínimo de 800 euros más un porcentaje de la cantidad reclamada. Ahora ya no hay que desembolsar un euro.
En cuanto a los asuntos civiles que llegan directamente a los juzgados de primera instancia de Burgos, no se ha notado el efecto de la supresión de las tasas. Delgado lo considera normal, «por cuanto en una primera instancia el agraviado sí está dispuesto a desembolsar un dinero para recuperar una deuda, etc,». La gente ha estado dispuesta a pagar 150 euros para iniciar un procedimiento verbal o cambiario o 300 para un proceso ordinario, pero no a apelar. Por eso los recursos se ha disparado una vez que se ha abolido este impuesto por pleitear.
En el resto de jurisdicciones no cabe la comparación, puesto que en el orden social las tasas no alcanzaban la primera instancia y los suplicatorios ante el TSJ solo habían de pagarlos las personas jurídicas. En el ámbito penal tampoco rigió el tasazo judicial, en ninguna instancia.
Joaquín Delgado recuerda que ya advirtieron al Ministerio de Justicia de que las tasas «iban a afectar al derecho de los ciudadanos de acudir a la Justicia». «Ha supuesto un frenazo tremendo, porque es que además las tarifas fueron desproporcionadas», agrega.
Reclamaciones
Ahora bien, los letrados siguen en su lucha para que las tasas también se deroguen para las pequeñas y medianas empresas (pymes), cuyo derecho a recurrir a la Justicia también se ve mermado. Y es que, según explica Delgado, los propietarios de estos pequeños negocios están obligados a reclamar judicialmente una deuda a través de procedimientos monitorios o de cuantía como modo de dar fe ante la Agencia Tributaria para justificar el impago de impuestos por deudas no cobradas.
Los letrados quieren que la situación vuelva justo al momento anterior a la entrada en vigor de la Ley de Tasas a finales de 2012. Lo que significa eximir del pago no solo a los ciudadanos de a pie sino también a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Y que solo las abonen las grandes compañías -bancos, aseguradoras y multinacionales-.
Delgado advierte de que son los autónomos y los pequeños empresarios -y no los particulares- los que «representan un mayor volumen de litigios potenciales». Las reclamaciones de cantidad, las demandas para el cumplimiento de contratos con entes privados y públicos son «normalmente ejercidos por pequeñas empresas», afirma. Y es en «los ámbitos civil y contencioso administrativo» donde están en vigor las tasas.
El decano de los letrados de Burgos considera que el Ejecutivo debe exonerar a las pymes de las tasas «porque es a estas empresas a las que hay que ayudar para que el país continúe en la senda de la recuperación y puedan empezar a contratar trabajadores», señala. «Sería quitarles un peso de encima que les vendría muy bien», agrega.
Las tasas judiciales, que consiguieron poner en contra de esta decisión a prácticamente a todos los agentes de la Justicia en la provincia, hicieron que el Gobierno recaudara en la provincia de Burgos 3,2 millones de euros entre diciembre de 2012 y julio de 2014, último dato hecho público. Lo que permite colegir que la recaudación hasta la supresión para las personas físicas superó los 4 millones de euros.