La dieta de todos los políticos comienza por desayunarse un sapo los días que toca rectificar lo que el día previo se defendió con toda la panoplia de argumentos para hundir al adversario. Son muchos los que se empeñan en la batalla cuando la consideran ganada y muy pocos los que dan la cara cuando hay que volver grupas. La decisión del PP de votar ahora la parte del decreto 'ómnibus' que contiene el escudo social y la subida de las pensiones deja en evidencia a quiénes se opusieron a su aprobación el día que tocaba y ha quedado de manifiesto que la pretensión era dar un correctivo al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los damnificados fueran millones de personas.
La rectificación sobre un decreto en el que se incluyen aquellos puntos que constituían líneas rojas -las medidas que "favorecían la ocupación" y la oposición a devolver al PNV un palacete de su propiedad incautado por la Gestapo-, vuelven a estar en la norma que será sometida a votación. Para más inri, el palacete ya había sido escriturado por el PNV cuando se votó el decreto. O no estuvieron al tanto, o trataron de utilizarlo a pesar de que conocían que no podían hacer nada como ha reconocido hoy -sapo mediante-, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Ocurre además que según un sondeo realizado por el PP entre sus militantes mostraba un apoyo mayoritario a la decisión de no votar a favor del decreto ómnibus inicial, por lo que la dirección de Feijóo estaría actuando en contra de los intereses de sus fieles, lo que provoca un doble desengaño, el de los pensionistas que han estado a punto de ver reducidas sus pensiones- y el de aquellos que creyeron que sus dirigentes no iban a aprobar el trágala del Gobierno.
Estos vaivenes demuestran que el PP no cuenta con buenos estrategas al frente del partido y que como en otros casos aciertan cuando rectifican, animados por otros líderes regionales que están más cerca del sentimiento de los ciudadanos, que han visto también que lo mejor es enemigo de lo bueno y que al no aprobarse el decreto ómnibus sin trocear se han quedado sin los fondos de financiación autonómica que iban a recibir y su tejido empresarial sin las subvenciones previstas.
Las rectificaciones de los últimos días afectan también al mundo de la justicia. La Audiencia Provincial de Madrid ha asestado un serio varapalo a la instrucción del Juez Juan Carlos Peinado en el 'caso Begoña Góméz' al anular el registro que ordenó del domicilio del empresario Carlos Barrabés, presuntamente beneficiado por la esposa del presidente del Gobierno, sin estar presente y por vulneración de derechos además de por falta de motivación fáctica suficiente. "No se puede obtener la verdad real a cualquier precio", dicen los jueces.
Como cada caso judicial es un mundo quizá no se puedan extrapolar las consideraciones de la Audiencia Provincial de Madrid al que se instruye en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secreteos, quién también sufrió un registro de su despacho, una actuación considerada desproporcionada y carente de motivación suficiente por su defensa, por lo que pide la anulación de la causa. ¿Atenderá la sala de apelaciones del Supremo los argumentos de la defensa de García Ortiz, tan similares a los de la Audiencia Provincial, o se asistirá a dos resoluciones distintas en casos comparables?