El balance del año que ha hecho el presidente de gobierno es para nota. Todo va bien, no hay sombras a futuro.

Ese balance lo ha presentado Pedro Sánchez cuando el manto de sospecha sobre el comportamiento político y legal del Fiscal General del Estado afecta seriamente a la imagen del gobierno y del partido. El balance se ha presentado coincidiendo con el relevo del Secretario de Estado de Comunicación sin llegar a un mes en el cargo y, aunque la versión oficial es que lo hace por razones de salud, no se explican cuáles son. Es sabido que en tan corto espacio de tiempo el alto cargo se ha visto cuestionado por irregularidades en su curriculum profesional, y por su papel en la operación "salvad al Fiscal General", filtrando ilegalmente los datos fiscales del novio de Ayuso.

El presidente de gobierno ha prometido entrevistarse con Puigdemont -ya lo había prometido-, aseguró que la amnistía se aplicaba políticamente -que es decir nada, porque la aplicación corresponde a los jueces-, ha anunciado ayudas que ya había anunciado y que nunca llegaron, y ha dicho que gracias a él, a sus políticas, se había normalizado la convivencia en Cataluña. Eso es verdad, pero el coste económico y social para el resto de los españoles es inconmensurable.

En su balance, Pedro Sánchez ha dado una clave: no es lo mismo la aprobación de determinados decretos ley con la mayoría necesaria, que dar por hecho que se vayan a aplicar esas leyes de forma inmediata, nada más aparecer en el BOE. Es la nueva estrategia: ceder ante los socios habituales aunque se pongan en pie de guerra importantes sectores sociales, incluso la UE, y dejar lo aprobado en vía muerta. Lleva el gobierno unas semanas utilizando esa fórmula, pero más pronto que tarde socios y opinión pública se levantaran en armas al ver que aprobar una ley no significa que se va a poner en marcha sin demora.

Sánchez, por supuesto, ha expresado su plena confianza en el Fiscal General del Estado. No se esperaba otra cosa del presidente, entre otras razones porque García Ortiz ha cumplido obedientemente las instrucciones recibidas desde Moncloa; una postura que está llevando al FGE al descrédito profesional y personal y, en el futuro, a posibles penalidades más serias.

Así que a pesar del tono de seguridad en sí mismo del presidente de gobierno y del escenario optimista que ha descrito, no puede evitar la sensación de engaño que sienten infinidad de ciudadanos ante sus promesas incumplidas, y la corrupción en la que se mueven algunos de sus más importantes colaboradores -presuntamente, guardemos las formas-. Tampoco convencen sus intentos de considerar sólidos sus acuerdos con sus socios de investidura.

La cosa está que arde, y a pesar de que la macroeconomía va bien, casi todo lo demás va regular tirando a mal.

Es evidente que el balance del curso que hace el presidente, coincide poco con el que hacen la mayoría de los ciudadanos.