El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ganado un juego, pero es muy probable que acabe perdiendo el set y puede que hasta el partido. Por decisión unánime, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha desestimado un recurso interpuesto por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) que cuestionaba su idoneidad para su nombramiento por el Gobierno. Los recurrentes tenían la causa perdida porque para ser fiscal general del Estado se requiere ser jurista español de reconocido prestigio y acreditar quinceaños de ejercicio de la profesión, cualidades que García Ortiz cumplía de sobra… A no ser que se pusiera en duda su prestigio profesional por decisiones que ha adoptado durante su mandato que no han gustado nada a los sectores conservadores de la judicatura, como no oponerse a la ley de amnistía, no criticar las acusaciones de lawfare a sus compañeros, nombrar a su predecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala después de que el Supremo lo hubiera rechazado, o su política de nombramiento de fiscales progresistas, entre otras. Unos argumentos muy parecidos a los utilizados por el Consejo General del Poder Judicial caducado, que en el trámite de audiencia consideró, por primera vez, que el fiscal propuesto por el Gobierno no era idóneo.
Y quizá de aquellos polvos venga el lodo en el que se encuentra metido Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos sobre la defraudación fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el miércoles 29 declara como investigado ante el juez Ángel Hurtado por este motivo y cuyos autos elaborados a lo largo de todo el proceso, incluido el de denegación de la suspensión de la declaración solicitada por el fiscal general, parecen más autos de procesamiento que le van a llevar derecho a sentarse en el banquillo al denegar, además, toda la serie de diligencias que había solicitado en apoyo de su defensa.
El juez Ángel Hurtado parece estar convencido de que todos los indicios apuntan a que el fiscal general fue el filtrador de los mensajes en los que González Amador reconocía su fraude fiscal y su oferta para no pisar la cárcel por sus delitos, que no se preocupa ni de disimular. Las declaraciones de los periodistas que benefician a García Ortiz le parecen 'opiniones' y resta relevancia a las declaraciones del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, y a lo que pueda contener su teléfono a pesar de que faltó a la verdad en su declaración ante el juez y que una de sus elucubraciones -"porque peino canas"- acerca de que la fiscalía había suspendido el pacto 'por órdenes de arriba' fue lo que originó el cruce de correos electrónicos entre fiscales y la elaboración de la nota de prensa que inicialmente se consideró el motivo de la causa. Que el primer correo de la defensa de Alberto González llegara a una cuenta a la que tuvieron acceso decenas de personas, que no se ha investigado, carece de relevancia.
Es muy probable que, a tenor de lo actuado y decidido por el juez, no cambie la situación procesal de Álvaro García Ortiz tras su declaración en el Supremo, y que un verdadero auto de procesamiento hiciera insostenible su permanencia en el cargo, que de hecho parece ser lo que busca una parte de la judicatura y de la oposición como un camino más para desgastar al Gobierno. Que acto seguido volvería a nombrar 'su' nuevo fiscal general del Estado. Como han hecho todos los gobiernos.