Más del 20% de la economía de la Unión Europea es industria, empleando a más de 35 millones de personas y suponiendo el 80% de sus exportaciones. Además, y frente al desarrollo de los grandes grupos digitales en EEUU, Europa cuenta con las empresas líderes mundiales en sectores industriales tales como el farmacéutico, los bienes de equipo o el lujo. ¿Supone esto que necesitamos impulsar una Política Industrial que permita mantener o mejorar esta situación? Evidentemente la respuesta es SÍ y ello es defendido por grandes economistas que entienden que con esta política se mejoran las curvas de aprendizaje, se generan economías de coordinación o se potencian las infraestructuras. Y de su ejecución pasada han surgido casos de éxito que han permitido el crecimiento de sectores anteriormente no significativos en Europa tales como la aeronáutica. 

Si bien, nuestro entorno económico se encuentra en un proceso de gran cambio, motivado tanto por factores tecnológicos, medioambientales o geopolíticos que modifican los principios que deben guiar la Política Industrial. Además, si estas políticas se diseñan desde una visión local siendo cada país europeo quien proponga su propia Política Industrial, serán aquellos con mayor capacidad financiera (Alemania o Francia) los que puedan destinar grandes cantidades a ayudas, subvenciones o infraestructuras, generando distorsiones en la competencia interna de la Unión. Por otro lado, la vía para definir hoy una Política Industrial es enfocarla a fallos del mercado más que a impulsar una tecnología específica si se quieren lograr los mejores resultados en términos coste-beneficio de la misma. Y siempre bajo reglas de transparencia en las fórmulas elegidas (para evitar casos con el dieselgate). Por tanto, potenciar la competitividad interna de los mercados y de las empresas apoyando transversalmente aquellos sectores con mayor potencial o que más aporten al bien común, siempre con altos estándares de información y transparencia, son las principales recetas para desarrollar una Política Industrial exitosa.

¿Pero son estos criterios aplicables al diseño de la Política Industrial del mercado europeo, los que deben regir la de una comunidad autónoma como Castilla y León? A mi entender la respuesta también es afirmativa, aunque con matices en el enfoque. 

En Castilla y León partimos de un peso de la industria similar a la media europea, 20% (si bien con grandes diferencias entre las provincias que la conforman), y en la que contamos con plantas de producción situadas entre los grandes campeones nacionales. Además, somos líderes en sectores tales como automoción, agroalimentación y energías renovables, a la vez que tenemos una elevada presencia en otros como el farmacéutico, el químico o el aeronáutico. Todos estos sectores son generadores de un gran valor añadido, gozan de grandes oportunidades de crecimiento a futuro y apuestan por principios de sostenibilidad ambiental, desarrollo local y cohesión regional, por lo que tratar de promocionarlos de forma decidida a través de una Política Industrial regional parece más que justificado. 

Pero más allá de tener claro en qué sectores debe centrarse nuestra Política Industrial hay que realizar un importante esfuerzo en su implementación para conseguir que la misma llegue a todas las provincias y al mayor número de empresas (y no solo a las punteras) de forma transversal, algo que hoy no parece que esté ocurriendo suficientemente. Basta con preguntar a una muestra de empresarios cuál es su percepción sobre si la regulación, la política impositiva, los subsidios y ayudas, los instrumentos de innovación o el despliegue de infraestructuras que, impulsados desde el gobierno autonómico, les ayudan a potenciar su competitividad, así como si estas medidas llegan de forma transversal a la mayoría de empresas regionales de los sectores antes identificados, para entender que hay mucho camino por recorrer si queremos alcanzar una mayor capilaridad en su ejecución y, por tanto, una mayor impacto. Es verdad que sí existen empresas, denominadas tractoras, que se ven favorecidas por estos instrumentos, pero en ningún caso se puede decir que sea el beneficio sea generalizado. 

Por tanto, es necesario lograr que medidas tales como ofrecer energías procedentes de fuentes renovables a bajo coste, impulsar procesos de digitalización que aumenten la productividad, conseguir la adopción por las empresas de nuevas tecnologías, ofrecer ayudas a la I+D+i, generar una compra pública innovadora que permita desarrollar demostradores o desplegar infraestructuras potenciadoras del crecimiento industrial lleguen a la gran mayoría de nuestras empresas y que a través de una eficiente ejecución de todas ellas podamos alcanzar el potencial que una gran comunidad como la nuestra tiene.