Convirtiendo en definitivo lo que desde 1983 ya era provisional, hace 36 años, tal día como hoy de 1987, el parlamento de Castilla y León aprobó el proyecto de ley del gobierno de Aznar por el que se fijaron en la ciudad de Valladolid las sedes de las instituciones básicas de la comunidad: las Cortes, la presidencia de la Junta y la propia Junta de Castilla y León. De nada sirvieron las protestas de León y especialmente de Burgos, la caput castellae que reclamaba la capitalidad y amagó con salirse de Castilla y León, aunque el mismo día quedó aprobado otro proyecto de ley dejando en esta ciudad la sede del Tribunal Superior de Justicia que comenzó a funcionar en 1989. Con los años, otras capitales como Zamora, Palencia y León pasaron a albergar organismos regionales como los Consejos Consultivo y de Cuentas, y la sede del Procurador del Común
Sin ánimo de resucitar viejas polémicas ni sentimientos de agravio, pese a lo que creen muchos ciudadanos, han pasado 40 años y Castilla y León sigue sin tener una capitalidad oficial. Eso ni tocarlo. Exalcaldes de Valladolid como León de la Riva y el ahora ministro Óscar Puente pretendieron dar carácter oficial a que su ciudad ostentara el título de capital autonómica. El primero sufrió el reproche del Procurador del Común por atribuir a su ciudad un título no reconocido en el Estatuto. Puente lo intentó en 2010 pero su propuesta fue abortada por el PP para evitar 'polémicas territoriales estériles'. En 2019, en otro pleno municipal, el PP volvió a la carga de la mano del exvicepresidente de la Junta De Santiago-Juárez, aunque en esa ocasión el PSOE dulcificó la reclamación de la capitalidad a cambió de pedir un mejor trato de la Junta a Valladolid.
No creo que carecer de un himno oficial o de una capital autonómica sean nuestros principales problemas (hay muchos y de más calado), pero a lo mejor contribuyen a fomentar el escaso sentimiento identitario castellanoleonés que se percibe en los habitantes de esta comunidad peculiar. La más extensa de España y con más provincias, formada por dos regiones unidas por una 'i griega', a la cola en habitantes por kilómetro cuadrado, primera en calidad educativa en el informe PISA, novena en PIB per cápita, y cogobernada por un partido como Vox que propugna en su programa la recentralización de las Instituciones ante la ineficiencia del Estado autonómico.