La iglesia de Atapuerca arrastraba desde hace tiempo un problema de accesibilidad. Ubicada en el altozano que corona el municipio, llegar hasta su puerta era todo un reto para las personas con movilidad reducida y para los peregrinos del Camino de Santiago. Para evitar este mal, el Ayuntamiento decidió ejecutar un ambicioso proyecto para mejorar la entrada al templo de San Martín de Tours.

La actuación ya está terminada, a falta de que brote la hierba del promontorio, aunque no ha gustado a todo el mundo. Un grupo de vecinos presentó en noviembre del año pasado un escrito ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en el que denunciaban la eliminación de dos escalones de acceso al pórtico de la iglesia. No se trata de dos piedras calizas rectangulares al uso, sino que aseguraban que su origen es idéntico al del arco de medio punto y frontón del pórtico, de entre los siglos XV y XVI. También recriminaban la supresión del solado de piedra caliza que se encontraba en el exterior.

Tres meses después, la Junta ha incoado un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por una presunta infracción administrativa recogida en la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. En concreto aseguran que transgrede el artículo 50 c) Las intervenciones que se realicen en el ámbito de protección del bien deben reforzar la integridad, percepción y comprensión del bien en su contexto, garantizando que ninguna intervención, especialmente por su volumen, tipología, morfología o cromatismo, incida negativamente sobre el bien protegido. Según la resolución de este organismo, a la que ha tenido acceso este periódico, la Comisión reprocha al Consistorio que no le informara previamente antes de actuar. Y es que Atapuerca, al tener en vigor un Plan Especial de Protección para el ámbito del Camino de Santiago, debe dar cuenta a Patrimonio de forma previa a la realización de cualquier obra sobre elementos o yacimientos arqueológicos incluidos en el catálogo, Bienes de Interés Cultural o en el entorno de los mismos.

Este órgano, a través de un informe, se ha de pronunciar bien a favor o bien en contra para autorizar la actuación. Cosa que no ocurrió. La denuncia, que fue acompañada de varias fotografías del antes y del después de la obra, es «desafortunada y no es adecuada ya que no constituye ninguna mejora para el elemento protegido» a ojos de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Ni una ni otra. «Tampoco soluciona el problema de accesibilidad existente y su materialidad no se integra en el entorno, por lo que se insta al Ayuntamiento para que reconsidere dicha actuación. El Consistorio se comprometió a finales de año a intervenir de una forma «más adecuada» para promover que los trabajos se integren de mejor forma en el entorno.

Y así lo hizo. Cambió las escaleras con peldaños macizos de granito de 33x18 centímetros por bloques de prefabricados blancos, un paso que ha cabreado aún más a parte de los vecinos del pueblo. «A la gente se le cae el alma a los pies», lamentan.

Tras el requerimiento de la Junta, la alcaldesa se ha puesto manos a la obra y trabaja ahora para adaptar el resultado final a las exigencias de Patrimonio.

Sea como fuere, el expediente ha continuado su curso y está a la espera de resolverse. Según se indica en la Ley, las sanciones serán para las infracciones leves de una multa de hasta 10.000 euros, para las graves de 10.001 a 200.000 euros y para las muy graves de 200.001 a 600.000 euros.