El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha iniciado su andadura en el cargo con una reunión con el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guitarte, con el que ha coincidido en que es necesario acabar con la "insólita" situación que vive el órgano de gobierno de los jueces, camino de cinco años con su renovación pendiente.  Ante la situación de enquistamiento, con el PP dispuesto a no renovar porque perdería la mayoría de la que disfruta en esa institución, y con el Gobierno partidario de que los nuevos vocales sean elegidos conforme a la ley actual, que fue la aprobada con el popular Alberto Ruiz Gallardón en Justicia, Guitarte ha ofrecido buscar "soluciones alternativas" sin decir cuáles, se supone que a medio camino entre la elección parlamentaria -que rechaza el PP-. y la elección corporativa, que denigran los progresistas.  En este asunto el CGPJ tiene poco que decir por cuanto no toma las decisiones, sino que estas le afectan y en lo que le afecta no solo sus vocales no presentan la dimisión para forzar el acuerdo, sino que actúan como instancia de parte con decisiones que lo demuestran.

Como el comunicado que realizaron tras una reunión extraordinaria en contra de la ley de amnistía, de la que en aquel momento se desconocía su texto y por lo cual Sumar se ha querellado contra los diez vocales conservadores que participaron en ella. Con espíritu exculpatorio, Guitarte ha calificado la actuación del partido de Yolanda Díaz como una respuesta política, como si lo que hizo el CGPJ hubiera sido una actuación inocente e inocua. Con todos los actores políticos y judiciales tomando decisiones precipitadas o extemporáneas y dispuestos a que cada acción tenga una reacción –"golpe por golpe", que diría Isabel Díaz Ayuso- se asiste a una batalla sin cuartel en torno al órgano de gobierno de los jueces, porque los puentes que ha dicho Pedro Sánchez que está dispuesto a tender ya han sido volado por el PP, a quien pide que se comprometa a despolitizar la justicia, como si el secuestro que mantiene sobre el CGPJ fuera algo natural.

Así, el Tribunal Supremo, que padece las consecuencias de que no se renueve el CGPJ porque se encuentra con cada vez más vacantes que cubrir, tiene cada vez más trabajo con Pedro, Sánchez, Carles Puidgdemont y los vocales del GPJ denunciados. Y no sería mala cosa que, como se pretende con Cataluña, se desjudicializara la política. A los vocales conservadores del CGPJ Sumar no les ha denunciado por defender la democracia sino por emitir una declaración institucional, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y excederse en sus competencias, lo que a su juicio supone un presunto delito de prevaricación. A la vista de tanta denuncia de carácter político el Supremo haría bien en archivarlas todas a la mayor brevedad posible. Porque si no tiene sentido, como afirma el PP, que Sumar se querelle contra los vocales del CGPJ, menos lo tiene la querella contra Puigdemont por un delito de terrorismo inexistente, o porque Sánchez haya pactado con los independentistas.  

Félix Bolaños acudirá el próximo miércoles a Bruselas a explicarle a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova,  y al comisario de Justicia, Didier Rynders, los términos de la ley de amnistía, y se supone que a recordarles que ellos mismos piden la renovación del CGPJ bajo el principio de "primero renovar y luego cambiar la ley".