El maltrato físico o psíquico hacia menores ya es la segunda causa que con más frecuencia obliga a la Administración a intervenir en una familia. De hecho, solo el año pasado los servicios sociales de la Junta constataron 37 casos de maltrato infantil en la provincia de Burgos, lo cual conllevó la apertura de expediente y la adopción de diversas medidas de protección para el menor, que en los supuestos más graves pueden llegar a conllevar la separación de los padres de manera permanente. A estos casos, todos ellos probados, hay que añadir otros investigados que no pudieron constatarse por falta de pruebas certeras, todos los que pasan desapercibidos a los ojos de la Administración y otras tantas situaciones que no se consideran maltrato, pero sí negligencia: alimentación, higiene o vestimenta deficientes y ausencia de atención a las necesidades o emociones del niño, entre otras. Dentro de esta segunda categoría, la Junta abrió 60 expedientes en la provincia en 2013.

Fuentes oficiales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades detallaron que el año pasado el maltrato estuvo presente en 37 de los 131 expedientes abiertos, lo cual supone un 28,2% del total. Esta cifra no es equivalente a número de niños porque la Junta contabiliza por separado la violencia psíquica de la física, aunque ambas se hayan ejercido sobre una misma víctima. En cualquier caso, los servicios sociales probaron que en 2013 hubo once casos de agresión física y 26 de maltrato psíquico. Sin embargo, los especialistas advierten de que los malos tratos suelen ir acompañados (aunque no siempre), de otras problemáticas como, por ejemplo, la denominada «negligencia». Esta es la primera causa de intervención (con sesenta expedientes en un año ya supone un 45,8% del total) y, como ya se ha indicado, se refiere a la desatención en cuestiones básicas como son la alimentación, la higiene, la vestimenta y, en el ámbito psicológico, a la falta de respuesta a las emociones o reacciones del niño. Sumando ambas categorías se obtiene un centenar de causas ante las que la Administración tuvo que interceder porque se probó la situación de desprotección de los menores afectados. 

Y todos los consultados para este reportaje afirman ser conscientes de que ese centenar no refleja todas las situaciones demaltrato existentes en la actualidad. En el área de Infancia del Ayuntamiento, por ejemplo, afirman estar «preocupados» porque el año pasado no se les notificó ningún caso de abuso sexual «y sabemos, porque hay estudios que así lo prueban, que entre un 15% de los niños y un 23% de las niñas de España y del Primer Mundo sufren abusos», explica la técnica Inmaculada Valderrama. El responsable de las Urgencias infantiles en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), el pediatra Gregorio de la Mata, explicó que en el hospital burgalés se han detectado seis casos de maltrato entre enero de 2013 y junio de 2014. «Si hay más maltrato infantil o no que hace años es una apreciación muy subjetiva, yo no me atrevería a decir tanto. Sin embargo, sí es cierto que nosotros ponemos mecanismos pero, desgraciadamente, sabemos que no detectamos todo lo que hay», afirma de la Mata. El también pediatra del HUBU y representante en Burgos de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (Sepeap), José Manuel Merino, afirma que «en cuanto a maltrato diagnosticado y maltrato físico, principalmente, no tengo la sensación de que haya incremento. Los ingresos en el hospital son, por lo general, muy aislados, pero probablemente sí que haya una infranotificación de casos».

Hay que tener en cuenta que a las Urgencias de un hospital llegan asuntos muy concretos o remitidos desde los servicios sociales para que se pruebe o se descarte la existencia de maltrato con una exploración pormenorizada en la que, como ocurre ante la sospecha de abuso sexual, puede llegar a solicitarse la presencia de un forense para que elabore un informe para presentar ante un juzgado. Sea este el caso u otros, lo cierto es que a las urgencias llegan diagnósticos muy concretos, resultado de unas circunstancias particulares que no siempre tienen que ver con la violencia física o psíquica que se ejerce a diario sobre muchos niños y que, en apariencia, no deja huella como para acudir a las urgencias de un hospital.

Es decir, que entre la violencia doméstica diaria y las urgencias de un hospital hay otros eslabones intermedios como los colegios o los centros de Atención Primaria -las consultas de los pediatras de los ambulatorios- en los que se supone que debería detectarse buena parte del maltrato infantil existente. En el colegio porque el niño puede tener un mayor grado de confianza con sus profesores y atreverse a advertirles de lo que ocurre en casa o, simplemente, porque cambie su conducta. Y en el médico, porque aunque el motivo de la visita no sea una lesión, el médico puede llegar a sospechar que hay otro problema de fondo ante otros indicios.

Sin embargo, se da la contradicción de que los pediatras de los centros de salud no suelen actuar de oficio, sino a petición de los servicios sociales. Es decir, que según indican fuentes de la delegación territorial de la Junta (la Administración con competencia sobre menores) los pediatras no alertan a no ser que tengan pruebas muy evidentes de que han dado con maltrato. Y, de hecho, fuentes de la Consejería de Familia apuntan que de todos los expedientes nuevos que se abrieron en 2013 ante desprotección de menores (131, entre los que se incluyen los 37 por maltrato y los 60 por negligencia) solo cuatro comenzaron en los servicios de salud de Burgos.

Pero los pediatras alegan que es un tema complicado porque, como dice José Manuel Merino, «una cosa es que tengas la certeza y otra la sospecha». Este especialista explica que el hablar con los Servicios Sociales o no desde una consulta de Atención Primaria depende siempre del grado de certidumbre. «A veces, el maltrato es muy evidente y otras es mucho más sutil y depende de la perspicacia del pediatra el detectarlo. Pero siempre es un camino muy espinoso y delicado, una situación que conlleva mucho estrés para todas las partes y ante la que se suele ser prudente», apunta Merino, enfatizando que sí bien es cierto que «lo recomendable» sería sacar a la luz la desprotección cuanto antes, no siempre es posible.

 

nuevo protocolo. Pero la gravedad del problema y la certeza de los profesionales de que no se detecta todo lo que hay, ha llevado a la Atención Primaria de Burgos a proponer novedades en este sentido. La gerente, Carmen Ibáñez, explica que se ha presentado una iniciativa en colaboración con los servicios sociales para elaborar una especie de protocolo ante el maltrato infantil. «Hemos propuesto que se establezcan una serie de puntos y preguntas para hacer a los niños y a los padres en la consulta y que puedan ayudar a los pediatras a detectar una situación de maltrato». De momento, es solo una iniciativa, pero que Ibáñez considera «muy oportuna». 

Ahora, son los Ayuntamientos, a través de los Centros de Acción Social, quienes más expedientes por maltrato y desprotección de menores inician. En 2013, de hecho, los CEAS de Burgos alertaron en 37 de los 131 expedientes, lo cual supone un 53% del total. Y a continuación están la Fiscalía, la Policía y los Juzgados.

 

El uso de la violencia no depende de la renta familiar, advierten los expertos

 

 

En los últimos años ha habido cierta tendencia a justificar con la crisis acciones y conductas de todo tipo, pero en el caso del maltrato infantil los expertos advierten de que es un grave error dejarse llevar por el tópico de que a menores ingresos, mayor posibilidad de que haya una situación de violencia. ¿Por qué? Porque el prejuicio puede provocar que se pasen por alto situaciones de riesgo. La técnico de Infancia del Ayuntamiento de Burgos Inmaculada Valderrama afirma con vehemencia que «una mala situación económica puede repercutir en que la dinámica familiar sea más complicada, en que afloren conflictos que antes estaban latentes, pero nadie cambia su esquema de pensamiento por la situación económica». 

Y el uso de la violencia para resolver conflictos del día a día forma parte de la educación, no es algo a lo que se recurra de manera circunstancial. «La violencia o el maltrato no depende del grado social: no se da más en familias con un umbral económico bajo. Y lo cierto es que tenemos una venda que nos hace pensar que en una familia culta o con un nivel de ingresos medio o alto no se da. Y no es así en absoluto», recalca Valderrama, destacando que la consecuencia de este prejuicio es que impide activar las alertas a tiempo ante casos que, a priori, no encajan en la idea que se tiene del maltrato. Y si bien es cierto que el paro o los problemas económicos generan tensión, Valderrama indica que hay muchos otros factores. 

«Tenemos que convencernos de que todo el que esté al lado de un niño es responsable de su educación. Se actúa cómo si el menor fuera dominio de los padres y no es así. Incluso dentro de la propia familia, hay que erradir el ‘ellos sabrán’ y pensar que ante el maltrato, todos tenemos algo que decir», concluye la responsable de Infancia.