El reloj se ha parado en el convento de La Bretonera. El 23 de enero no pasará nada excepcional en el monasterio de Belorado, o sí, pero no será el desalojo de las monjas cismáticas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha tenido que aplazar el juicio que podría terminar con el desahucio al no haber podido notificar personalmente la demanda a dos de ellas, lo que también implica la suspensión de la fecha prevista para el lanzamiento, según confirman a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

«No puede haber lanzamiento sin sentencia», resumen, por lo que las fechas inicialmente fijadas en este proceso quedan invalidadas y habrá que esperar para conocer las nuevas, lo que no ocurrirá hasta que todas las religiosas sean citadas individualmente.

El arzobispo Mario Iceta, como representante legal del monasterio de Belorado, presentó la demanda de desahucio en precario el 16 de septiembre. El decreto de admisión, dictado el 6 de noviembre, fijaba la posibilidad de celebrar una vista el 19 de diciembre y fijaba como día para la práctica del lanzamiento, en el caso de no comparecer el demandado en legal forma, el 23 de enero. 

La demanda no afecta a las 13 monjas de la comunidad, sino únicamente a las 8 que ratificaron libremente su intención de abandonar la Iglesia Católica y que permanecen en el convento beliforano (otra más se marchó hace semanas sin dar explicaciones). El 22 de junio se declaró su excomunión y expulsión de la vida consagrada, momento desde el que se considera que «carecen de título legal para habitar los inmuebles pertenecientes a los monasterios que ocupaban». El comisario pontificio entiende que son las 5 restantes, ancianas y en su mayoría dependientes, las legítimas integrantes de la comunidad al no haberse adherido al cisma y, por tanto, las únicas allí residentes de pleno derecho.

Seis de las ocho exmonjas han recogido la notificación en el Juzgado de Paz de Belorado, mientras que otras dos se encuentran al parecer en el monasterio de Orduña (Vizcaya) y no lo han hecho aún. Por ello, la jueza acordó el pasado 12 de diciembre suspender la vista. Una vez que sean emplazadas, disponen de 10 días para contestar. A partir de ahí, se volverá a poner en marcha el reloj judicial.