La Junta de Castilla y León creará una comisión de trabajo para el desarrollo normativo de la ley que regula las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios y el Consejo de Cámaras de Castilla y León, que se aprobó por unanimidad de las Cortes en 2018. Así lo anunció la consejera de Industria, Leticia García, tras la reunión que mantuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el del Consejo de Cámaras de Castilla y León, Antonio Méndez Pozo, y responsables de las 14 instituciones camerales de la Comunidad, en su despacho de las Cortes.
García repasó los «compromisos de futuro» del jefe del Ejecutivo regional con el tejido cameral y constató que esa comisión de trabajo se creará «a la mayor brevedad posible», los próximos meses, con el horizonte del desarrollo de la normativa para 2025. Antonio Méndez Pozo recordó que la ley de 2018 se aprobó por unanimidad «sin un solo voto en contra» y defendió su desarrollo en un momento en el que cada vez es más importante la cooperación público-privada para que la Comunidad afronte sus retos.
El alto ejecutivo insistió en el papel que deben jugar las cámaras para el desarrollo de la Comunidad y el impulso del bienestar de todos los ciudadanos, y concretó que la reforma de la normativa debe permitir un impulso a sus funciones en su relación con la Junta.
Así, citó, como ejemplo, el artículo 37 4c, donde se precisa que estas instituciones tiene como papel colaborar con la Administración regional en los supuestos en que sea requerido por la misma, informando o realizando estudios, estadísticas, proyectos, trabajos y acciones que favorezcan el desarrollo territorial y empresarial y la vertebración económica de la Comunidad de Castilla y León. «Queremos ser lo más útiles posible», enfatizó en una rueda de prensa recogida por Ical.
El presidente de las cámaras de la Comunidad también garantizó la transparencia total en esa colaboración y recordó que la Junta es la administración «tutelante» de estas instituciones, la que aprueba sus presupuestos y su liquidación, junto con la fiscalización del Tribunal de Cuentas. «Pedimos a la Administración que aproveche la ley en un momento en el que es tan importante la cooperación público privada».
Por otra parte, la consejera de Industria explicó que las cámaras trasladaron a Fernández Mañueco sus reivindicaciones para el Gobierno de España, para que el presidente autonómico se las traslade a Pedro Sánchez. García y Méndez Pozo pusieron de relieve la necesidad de que se garantice una financiación autonómica multilateral «sin privilegios» para Cataluña. Asimismo, exigieron que se acometan las infraestructuras necesarias para el desarrollo de Castilla y León en autovías, ferrocarril o redes de evacuación de electricidad o para el hidrógeno verde.
Más de 25.000 empresas se benefician del trabajo de las Cámaras
El encuentro sirvió para que el presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, Antonio Méndez Pozo, desglosara la memoria de actividades de las cámaras en la Comunidad ante Mañueco, y resaltó que se beneficiaron de su trabajo 25.874 empresas. El empresario burgalés precisó asimismo que registraron 29.513 usuarios atendidos; desarrollaron 2.477 jornadas; abordaron 44 acciones de internacionalización; expidieron 20.000 documentos de comercio exterior; desarrollaron 999 acciones de creación de empresas; y 161 de competitividad. Leticia García alabó la labor de las Cámaras de Comercio de Castilla y León y su vínculo con la Junta y las definió como «colabores absolutamente necesarios» para llegar a todo el territorio, dada su enorme «capilaridad».