El presupuesto del Gobierno de coalición del PP y Vox para el año 2025 viene acompañado de una nueva polémica. Si para el actual ejercicio el partido que lidera en el Ayuntamiento el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, impuso reducir a la mitad las ayudas a cooperación al desarrollo, en esta ocasión el punto de mira se ha puesto en las ONG que trabajan en la acogida de personas inmigrantes que llegan a la ciudad, a las que el Ejecutivo municipal retirará la totalidad de la ayuda que venían recibiendo vía convenio. Es decir, a entidades como Burgos Acoge, Accem y Atalaya.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, detalla que la supresión de estos convenios es una «imposición de Vox», que ha puesto esta medida «como condición para aprobar el Presupuesto» y «se ha aceptado, aunque no estamos de acuerdo ya a que, a mi juicio, desempeñan una muy buena labor». Eso, al tiempo que ha justificado que «la prioridad» era poder sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio y al aclarar que «no hubiéramos adoptado una decisión de este tipo de gobernar en solitario».

Conviene recordar que si bien ahora Vox exige dejar a cero las ayudas a estas tres asociaciones (lo único que se mete en el presupuesto de 2025 son las cantidades que se deben pagar por los convenios de 2024), hace un año se incrementaron las subvenciones a estas entidades sin que el partido de Abascal dijera nada. En el caso de Atalaya se incrementó la cuantía de su convenio de 10.400 a 13.00 euros, en el de Accem de 22.550 a 28.188 euros y en el de Burgos Acoge de 74.592 a 78.322 euros.

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