Desde el mes de septiembre he recibido cinco multas de tráfico, por un importe total de 680 euros.  He abonado, finalmente, 390 euros porque decidí pagar y no recurrir alguna de ellas. Increíble. Las multas son por distintas causas: por exceso de velocidad en radar de tramo de una carretera comarcal; por aparcar momentáneamente en doble fila para cargar un cajón de fruta y el coche-radar de la policía local me hizo la foto y por invadir una zona de bajas emisiones en la M30 en el aeropuerto de Barajas en Madrid.  

En definitiva, tres administraciones distintas: Dirección General de Tráfico,  Policía Local de Salamanca y Ayuntamiento de Madrid. Las tres a la caza del ciudadano infractor que tiene sus datos al día y paga puntualmente: el seguro del vehículo, el impuesto de circulación, la ITV anual… y, claro, tus datos, tu domicilio, tu correo electrónico, tu móvil…  están en conocimiento de nuestro Estado benefactor. No conduzco a diario, soy un ciudadano que pago mis impuestos, cumplo las leyes, sin trampas. Por eso te localizan y te envían las multas a través del móvil. Todo lo puedes tramitar por el móvil. Una maravilla. Recibir y, si no recurres, pagar por pronto pago para reducir el importe. Eso sí, no te quitan puntos. Es un favor que te hacen. Los puntos, al fin y al cabo, no son tan importantes como los euros.

He aprendido lo que es un radar de tramo. Colocado en los extremos de dos rectas, cada una de ocho o nueve kilómetros, en una carretera comarcal sin apenas tráfico. ¿Nos podemos creer la milonga de la seguridad? El objetivo es recaudar. Los automovilistas estamos bajo la lupa de la Administración. Si tenemos vehículo diésel, pronto pagaremos más impuestos y seremos considerados predelincuentes por contaminar. Es un acoso vial. En dos de las multas el concepto administrativo del recibo no pone «sanción», sino «impuesto-tributo». Pues eso, a pagar.