La subida salarial acordada en 2000 para algunos de los funcionarios municipales podría volver a la vía judicial si prospera el escrito que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha remitido a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León denunciando la inacción del Ayuntamiento a la hora de cumplir la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ en septiembre de 2002, y ratificada por el Tribunal Supremo en 2007, y que anuló los incrementos de las retribuciones relativas a los complementos de destino y específicos de algunos puestos de trabajo pactadas , instando a que se regularizasen las cantidades abonadas en exceso.
Con el envío de este escrito, los representantes de la coalición, Máximo Pastor y Julio Pinillos, llevan a cabo una actuación que ya anunciaron en el pleno ordinario del mes de marzo, cuando con los votos a favor de PP, PRCAL, CCD y UPyD, la abstención del PSOEy la única oposición de IU, se decidió ejecutar una interpretación restrictiva de este fallo, contemplando solo la devolución de los emolumentos cobrados de más durante el trienio 2000-2002.
Una explicación que, en el seno de esta formación, y tal y como se recoge en el escrito remitido a estos tres organismos, se considera «una burla» a la sentencia y un intento de eludir su completo cumplimiento ya que no se tiene en cuenta que los años siguientes a 2002, «al no haberse regularizado y actualizado los haberes a lo que legalmente deberían percibir, las cantidades abonadas en exceso también deben ser reintegradas a las arcas municipales».
Pese a ello, la denuncia se ha materializado casi nueve meses más tarde, explica Máximo Pastor, portavoz de IU en la Corporación arandina, porque se decidió esperar a ver si en el presupuesto municipal de 2012, que se aprobó con carácter definitivo el pasado 30 de noviembre y que entró en vigor el 4 de diciembre, se contemplaba de alguna forma el cumplimiento de la sentencia, al menos en su lectura más limitada. «Decidimos esperar a ver si eran capaces de cumplir por lo menos lo que habían acordado. Pero al ver que no había la más mínima voluntad de plasmar en los presupuestos el acuerdoque había adoptado al Ayuntamiento, decidimos notificar que no solo no han cumplido lo que nosotros entendemos que dice la sentencia, sino que siquiera el propio acuerdo restringido», incide.
Aunque las tres cartas son prácticamente iguales, destaca la especial vehemencia con que se remata la enviada a la Fiscalía, en la que se pide al Ministerio Público que proceda a investigar y comprobar si los hechos descritos pudieran ser constitutivos de delito y las personas responsables de los mismos y actúe como corresponda en derecho.