Mientras PSOE e IU denunciaban ayer que se ha negado a sus concejales el acceso a la información que solicitaban sobre el gasto en telefonía móvil, el portavoz del equipo de Gobierno, el vicealcalde Ibáñez, se presentó ante la prensa replicando las explicaciones sobre el caso de la factura de 207.000 euros que el concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, le había transmitido previamente en una Junta de Gobierno en la que hubo 15 testigos.
Como ha venido informando este periódico durante esta semana, entre abril y mayo de 2011 se registró un consumo de 207.000 euros desde una tarjeta de datos que pertenece al Ayuntamiento de Burgos y que Villanueva primero dijo que usaba y después adjudicó al Departamento de Informática. La compañía telefónica confirmó a este periódico, y así se informó en la edición de ayer, que el consumo se realizó, que la emisión de la factura no obedecía a un error tipográfico o de consumo pero que, «después de la insistencia» del Ayuntamiento, decidió anularla por un «fallo administrativo».
Sin embargo, Ibáñez mantuvo que todo obedece a un error de la compañía que se subsanó al día siguiente y que dicho consumo, en realidad, era el de muchos teléfonos y apenas superaba los 5.000 euros, que es el «gasto habitual mensual» en telefonía móvil desde el Ayuntamiento. Además, dijo, aludiendo a «fuentes autorizadas» que «esta misma mañana (por ayer) Telefónica emitirá un comunicado admitiendo su error». Eso no ocurrió.
Ibáñez también demostró no conocer bien el coste de la telefonía móvil municipal puesto que en los listados del ‘Plan Montoro’, facilitados a este periódico por la oposición, es fácilmente contrastable que se giran numerosas (y no una) facturas de móvil y de datos al Ayuntamiento y que lo habitual es que el gasto sumado se acerque a los 12.000 euros. O más.
Por último, y al ser preguntado sobre su nivel de conocimiento de este asunto, Ibáñez aseguró que se enteró a través de las páginas de este periódico y que nunca antes tuvo conocimiento de ello, a pesar de que era el máximo responsable de Hacienda en los meses en los que todo sucedió.
Tres días después de que este periódico desvelara el caso, el equipo de Gobierno sigue sin facilitar las pruebas de que, efectivamente, la factura fue un simple error de tarificación, como Villanueva (que entonces y ahora es el responsable político del área ‘afectada’) sostuvo en su última versión y como Ibáñez trató de apuntalar.
cerco a la oposición. Desde el grupo municipal socialista pidieron ayer «que se aclare lo sucedido» y que, si no hay nada que ocultar, se dé acceso al expediente y se ofrezcan las explicaciones oportunas.
En la misma línea se manifestó el concejal de IU, Raúl Salinero, quien denunció que los populares están «ocultando información». Además, criticó que aún no se hayan adoptado medidas coercitivas y que se esté «protegiendo» al concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva.