No era la intención del equipo de Gobierno presidido por Javier Lacalle tomar ayer decisión alguna al respecto a la vinculación, reconocida ya públicamente, del concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, con la tarjeta de datos de telefonía móvil municipal desde la que se facturaron cantidades estratosféricas en los cinco primeros meses de 2011. No.
Lo pretendido era esperar a conocer el contenido del informe solicitado por Lacalle a Secretaría General sobre el suceso del que este periódico ha venido informando en las últimas semanas y, después, decidir si se tomaba alguna medida disciplinaria para con el concejal aludido.
Sin embargo, la creciente «indignación» que manifestaron sonoramente los empleados municipales, las dudas más que profundas que varias personas de la confianza del alcalde le mostraron sobre la ‘inocencia’ de Villanueva y el interés social catalizado por la puesta en conocimiento de los burgaleses de que una línea municipal, y solo una, facturó 207.000 euros entre abril y mayo de 2011 y ya había consumido otros 30.000 en el cuatrimestre anterior, hicieron que, a última hora de ayer, Lacalle tomara la decisión de «suspender temporalmente de su responsabilidad al frente de la Concejalía de Nuevas Tecnologías e Ingeniería Industrial del Ayuntamiento a Eduardo Villanueva».
En el mismo comunicado en el que se hizo extensiva la noticia se destaca que la decisión se toma «en tanto en cuanto se investigan esos hechos por los servicios técnicos» y «con el fin de garantizar una total independencia a la hora de realizar este trabajo». Entendido literalmente, esas palabras anuncian una suspensión cautelar de Villanueva, pero únicamente de la sección en la que está el núcleo del caso, no de las demás responsabilidades como, por ejemplo, las de gobernar el patrimonio municipal.
división interna. La escalada de tensión que escenificaron los empleados municipales (ver página siguiente) también se vivió en el seno del equipo de Gobierno y entre parte de la militancia del PP burgalés. Tras haber cerrado filas en torno a una versión que se demostró ser completamente falsa (Villanueva sí usaba el número, no hubo errores en el consumo y la compañía no replicó ni una sola línea de lo publicado por este periódico), varios miembros de la Junta de Gobierno local mostraron ayer, en público o en privado, su malestar con este asunto y con la actuación del edil en cuestión.
El hecho de que no dijera la verdad a sus compañeros (entre ellos al alcalde) en cuestiones cruciales del caso minó la confianza en Villanueva de forma irreversible. «Yo ya no me creo nada» fue una de las frases que se escucharon en grupo. Otros prefirieron hacerle llegar a Lacalle el mensaje de desconfianza y la recomendación de tomar decisiones contundentes y rápidas, pero en privado.
Quien más motivos tenía para estar enfadado con Villanueva era el vicealcalde Ibáñez. A él le tocó bajar a desmentirse a sí mismo delante de la prensa una semana después de afirmar que todo era una error de la compañía y que no había ningún concejal relacionado con la línea. «Sí, lo era», respondió al ser preguntado sobre si la información fue falsa. «También es verdad -continuó- que la información que se facilitó ese día en Junta de Gobierno es la que se trasladó públicamente. Se pidió una explicación (a Villanueva) y yo la trasladé», asumió Ibáñez, visiblemente contrariado por la esperpéntica situación.
Minutos antes, el portavoz ‘popular’ había fiado todas las decisiones que pudieran tomarse al informe encargado por el alcalde a Secretaría General. Un encargo que obedece al «máximo interés del Gobierno municipal en llegar a esclarecer todos los hechos que han estado relacionados con este asunto en indagar hasta el último detalle de los mismos».
El documento fue solicitado primero al Departamento de Ingeniería Industrial pero posteriormente se elevó a Secretaría «a la vista de posteriores informaciones», todas publicadas por DB, que «ya afectaban a varias áreas como Intervención y Tesorería».
Ibáñez amplió que «se trata de recursos públicos y, por tanto, es necesario llegar hasta el fondo del asunto», al tiempo que aseguró que «es un compromiso firme del equipo de Gobierno ofrecer toda la información, que será completa y exhaustiva para dar las explicaciones públicas oportunas». Dicha información, añadió el comunicado a última hora de ayer, se irá poniendo a disposición de los distintos grupos municipales en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento.
el PSOE, hasta el final. Pero muy buenas van a tener que ser esas informaciones para satisfacer a la oposición. El Grupo Municipal Socialista fue ayer contundente al respecto del caso y su portavoz, Luis Escribano, anunció que el PSOE pedirá hoy en el Pleno, a través de una moción de urgencia, «la inmediata constitución de una comisión especial de todos los grupos políticos en la que se recopile toda la documentación que haya que recopilar para conocer con toda exactitud lo sucedido».
Escribano advirtió que «es completamente imposible entender para qué, desde dónde y quién realizó un gasto tan enorme en tiempo récord», y consideró «inconcebible que, 10 días después de conocerse el caso, el equipo de Gobierno no dé explicación creíble alguna». El portavoz socialista fue más allá y afirmó que «se ha producido una utilización indebida de recursos públicos que no cabe ignorar», lo que implicó el desembolso de «un dinero que debe ser devuelto».
Por todo ello, el PSOE pedirá «cuantas responsabilidades haya que pedir y no aceptaremos ninguna ocultación», de tal forma que si el principal partido de la oposición considerara que se está tratando de enturbiar la resolución de lo sucedido «acudiremos a los tribunales de Justicia, y si hay responsabilidades de otro orden diferente al municipal, también».