La factura de 207.000 euros vinculada a una tarjeta de telefonía móvil de titularidad municipal nunca llegó a pagarse. Esa es la versión que sostuvo el concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, al ser preguntado sobre el extraño caso registrado en el Ayuntamiento de Burgos del que este periódico viene informando desde la pasada semana. Y es cierto. Pero también lo es que, como mínimo, se pagaron a consecuencia de aquella ‘receta’ 134.000 euros. Más de 22 millones si lo prefieren en pesetas.

El cargo se corresponde con un consumo que se produjo, tal y como el operador telefónico confirmó a DB, entre mediados de abril y mediados de mayo de 2011. Dicho cargo venía precedido de otra serie de facturas de hasta 18.000 euros mensuales y de 30.000 acumulados en los cuatro meses anteriores a que se emitiera la desorbitada reclamación. Todas estaban vinculadas al mismo número.

Pero todo es poco comparado con el mencionado gasto de 207.000 euros desde una sola tarjeta de datos (como la que se usa en un smartphone o en un ipad). La compañía confirmó que, efectivamente, y tras la «insistencia» por parte del cliente, decidió anular unilateralmente la factura asumiendo un «fallo administrativo». Pero, a cambio, emitió una nueva de 128.189 euros.

Según los datos que obran en poder de este periódico, la compañía decidió aplicar una serie de «descuentos por plan» que ascendieron a 104.226 euros y después sumó otros conceptos hasta alcanzar la cifra total.

Lo curioso es que, a partir de entonces, las facturas que habían llegado previamente desglosadas y directamente relacionadas a la línea señalada comenzaron a sumarse a las del resto de teléfonos municipales, de forma que si bien el total seguía siendo estratosférico, ya no se especificaba que la práctica totalidad del gasto se había realizado desde una sola línea, sino que se emitía un global.

Al parecer, dicha factura también fue reclamada desde el Ayuntamiento hasta que se emitió una tercera, nuevamente rectificada, que se quedó en 5.878 euros. Esa era la cantidad que, tomando como buenas las versiones que achacan todo lo sucedido a los errores (ya no sería uno puntual, sino varios) de la operadora, debió pagarse. Pero no sucedió así.

Lo que ocurrió, según ha podido confirmar este periódico, es que se pagaron las dos: la de 128.189 euros y la de 5.878. En total, casi 134.000 euros derivados de la inicial de 207.000. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué se pagó una factura que no había sido contabilizada?

el pago. En este punto es donde aparece en escena el Plan Montoro. Esos cargos no estaban contabilizados, pero sí estaban registrados. Al no haberse autorizado su pago por los cauces habituales, fueron a parar a la denominada cuenta 413, que es la que recoge todos los pagos pendientes a proveedores para los que no se ha ultimado el proceso de abono o no cuentan con partida presupuestaria para hacerlas frente.

El Plan Montoro permitió a los ayuntamientos pagar lo que debían a sus proveedores, de forma que el mecanismo, simplificado, consistía en sacar las facturas de la 413, enviarlas a Madrid y, si recibían el visto bueno, pagarlas directamente. A cambio, el municipio, en este caso Burgos, asumía un crédito para hacer frente a ese gasto en años venideros. Pero era Madrid, y no Burgos, el que debía dar el visto bueno. Y lo dio.

Por eso ambas entraron en un segundo plazo del citado Plan y  fueron pagadas. Conviene destacar que para que eso pudiera hacerse, los acreedores debían entrar en el programa dispuesto a tal efecto por el Ministerio de Hacienda y, a través de su NIF, comprobar qué facturas se presentaban para serles abonadas. Pues bien, la compañía aceptó, por cuanto que no puso reparo ni alertó de error, el pago de las dos.

A partir de ahí solo caben dos posibilidades. Una es que esté debidamente cobrada. La otra es que no lo esté, en cuyo caso el Ayuntamiento habría abonado 128.189 euros con cargo al Plan Montoro que no debió pagar, algo de lo que se tuvo constancia ayer. Si es así, deberá reclamar la devolución de ese dinero a las arcas municipales, circunstancia que no se produciría sin que la publicación de este rocambolesco suceso obligara a revisar minuciosamente qué pasó.