Dos meses después de que el Ayuntamiento y la Fundación Caja de Burgos firmaran ante notario la escritura de disolución de los consorcios, los servicios económicos del Consistorio tienen ya prácticamente diseñada la estrategia con la que tratar de mejorar las condiciones de los préstamos para reducir los intereses que paga la ciudad por los 110 millones de euros de la mal llamada deuda sostenible que ha heredado la ciudad (ya formalmente) de los entes de la Variante Ferroviaria y de Villalonquéjar.

Cabe recordar que a principios de este año, los dos consorcios acumulaban una deuda que superaba ligeramente los 200 millones de euros, pero que se decidió reducir en cerca de otros 50 con la aportación de unos 30 millones de los remanentes de tesorería, con el pago ordinario de las letras que vencían en este 2024 y con el dinero que quedaba en el fondo de reserva.

Dicho de otra manera, la deuda vigente (salvo que alguna de estas operaciones se haya decidido aplazar) se situaría en este momento en alrededor de 150 millones de euros y son aproximadamente 110 los que se van a sacar a licitación para que los bancos realicen ofertas con los tipos de interés.

Aunque en un principio se barajó la idea de dividir la deuda en lotes de diez millones para facilitar que las entidades financieras con menos músculo pudieran también concurrir, finalmente lo que se hará es plantear un escenario abierto en el que cada banco realice la propuesta que prefiere. Por la totalidad, por una parte...

Aunque los tipos de interés están bajando y eso supone una buena noticia para los intereses municipales, lo cierto es que existe el convencimiento de que se pueden mejorar las condiciones de los préstamos del llamado tramo A. Es decir, aquellos que están sujetos a un interés variable.

Las alarmas se encendieron hace aproximadamente un año cuando el nuevo equipo de Gobierno fue consciente de que los consorcios tenían que pagar un interés equivalente al euríbor más un 1% por la llamada deuda sostenible (la que en teoría se debería de saldar con la venta de suelo) y eso, en aquel contexto, se traducía en  que había que pagar intereses por encima del 5%.

La situación se traducía en que los consorcios tenían que asumir pagos millonarios que solo en intereses se iban a comer los ingresos obtenidos por la venta de los activos más importantes del Desvío. No era mucho mejor la situación de la deuda de Villalonquéjar.

El tramo de la deuda no sostenible, el que ya pagaba el Ayuntamiento con sus propios recursos, no preocupa, ya que aquí se estaban pagando intereses fijos del 1,66% (en el caso de la Variante Ferroviaria) y del 2,53% (del consorcio de Villalonquéjar).

El PSOE, que en este asunto ha ido de la mano con el equipo de Gobierno, comenzó a plantear en conversaciones internas la disolución de los entes y el Patronato de la Fundación Caja de Burgos propuso la extinción. No tardaría mucho tiempo el Ejecutivo, con el aval de la cúpula técnica del Ayuntamiento, en confirmar que los consorcios pasarían a la historia.

ProBurgos y Urbanismo. La desaparición de los consorcios ha provocado que la Sociedad de Promoción ProBurgos haya asumido la labor de comercialización de las parcelas, mientras que las cuestiones de gestión urbanística o financiera han quedado bajo la tutela de la Gerencia de Urbanismo y de los servicios económicos municipales.

A partir de ahora, la máxima prioridad es lograr un buen acuerdo de refinanciación y a partir de ahí tratar de obtener el mayor número de ingresos posible para reducir la carga financiera.

En este momento, la situación económica del Ayuntamiento no es preocupante ya que la deuda viva está por debajo del 110%.