La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Burgos (Fampa) lleva tres años sin dejar de mostrar su malestar por la medida que adoptó en 2021 laConsejería de Educación de reducir 60 minutos el horario lectivo en los colegios en el mes de septiembre, que hacen extensivo también a junio, debido a los problemas que acarrea a la hora de conciliar la vida familiar y laboral. Su reivindicación de revertir esta situación y volver a la jornada habitual no ha sido atendida, si bien acaba de encontrar un «hilo de esperanza» en una reciente resolución del Procurador del Común de Castilla y León en la que, entre otras cuestiones, se insta a la Junta a analizar si este recorte, concretamente el del mes en el que arranca el curso escolar, responde a «criterios suficientemente fundamentados y consensuados».

La decisión de acudir al defensor del pueblo regional partió de la propia entidad burgalesa. Fue en junio de 2023 cuando remitió un escrito a este órgano en el que denunciaba la pérdida de en torno a una treintena de horas lectivas durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023, al tiempo que defendía que «no hay ninguna argumentación pedagógica ni educativa que la avale, atendiendo directamente contra el derecho a la educación», además de considerar que su aplicación hacía «imposible conciliar».

La entidad que representa a las familias de escuela pública rechazaba de igual forma la organización de actividades alternativas por parte de las Ampas para cubrir esa hora de menos,  ya que aseguraba que el incremento de las subvenciones por parte del Gobierno regional a estas asociaciones resultaba «totalmente insuficiente para asumir una tarea de la que se desentiende la Administración». De la misma forma, sostenía que dicha alternativa sería de «acceso desigual» debido a que la mayoría de los colegios «no cuentan con agrupaciones de madres y padres».

Desde el curso 2021. En su respuesta, el Procurador del Común realiza un repaso temporal del recorte lectivo, recordando que la jornada continua matinal de junio lleva implantada desde el ejercicio 2017-2018, mientras que la de septiembre entró en vigor en 2021 motivada por la pandemia y se mantiene en el tiempo debido a la posterior y progresiva implantación de la Ley de Educación (Lomloe). Sin embargo, considera que en el curso que acaba de comenzar «no constan razones sanitarias, educativas, organizativas o de coherencia pedagógica» que justifiquen la decisión, teniendo en cuenta que la Orden que regula el calendario escolar recoge expresamente que «los centros de segundo ciclo de Infantil y Primaria desarrollarán en el mes de septiembre las actividades lectivas en horario matinal sin modificar el cómputo de horas».

Con todo ello, pide a la Consejería, además de que analice si los criterios por los que se aplica, que habilite para este año las «necesarias medidas conciliadoras», tanto en el medio urbano como en el rural, e incremente las ayudas a las Ampas para que organicen estos servicios. Y añade una tercera cuestión al reclamar que, en caso de que se acuerde otra vez el recorte, este «se fundamente con sustento tanto pedagógico como educativo».

Fernando Fraile, portavoz de la Fampa, valora como «importante» la resolución y muestra cierta esperanza respecto a una «reconsideración» de la medida por parte de la Administración regional. Reivindica que la opinión del colectivo se tenga en cuenta en las próximas negociaciones y exige un servicio de continuadores en caso de mantenerse la situación.