El portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Roberto Alonso, aseguró ayer que no detectó ninguna irregularidad durante los dos años que formó parte de la Comisión de Control de la extinta Caja de Burgos. No obstante, subrayó que este órgano no se ocupa de la concesión de créditos y añadió que siempre actuó siguiendo el criterio de los técnicos.

«La Comisión de Control tiene unos objetivos distintos a la concesión de créditos. Lo único que hace es ver si todas las cosas que se hacían en la caja estaban de acuerdo con los estatutos. Escuchábamos a los auditores y velábamos para que todo se hiciera de acuerdo a la normativa. Era el Consejo de Administración el que comprobaba que un crédito estaba bien concedido o no y me consta que sus miembros escuchaban a los técnicos», apuntó.

Sobre la declaración del expresidente de Caja de Burgos, José María Arribas ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos prevista para hoy tras la denuncia presentada por UPyD por un posible delito de administración fraudulenta y desleal del Consejo de Administración de la extinta entidad financiera, Alonso reconoció la amistad que le une a él. «Mis amigos son mis amigos y no por eso acepto sus comportamiento. Seguirán siendo mis amigos hasta que me defrauden».

En este sentido, mostró su deseo de que Arribas «se defienda y explique cuál fue el proceso para la concesión de esas operaciones de crédito y su participación en las mismas. «Espero que explique su actuación y pueda demostrar su inocencia pero serán los jueces los que dictaminarán», añadió.

La formación magenta presentó hace un año y medio una denuncia ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León contra Arribas, al que acusó de hacer operaciones de crédito, aval o garantía por parte de Caja de Burgos a sociedades vinculadas a él cuando fue presidente de la entidad entre 2005 y 2010. UPyD contabilizó un total de 45 operaciones en menos de 6 años cuyo importe superaba los 34 millones de euros, un 93,86% de las realizadas por la caja de ahorros con miembros del Consejo de Administración, familiares o empresas relacionada.

Alonso se mostró partidario de que los políticos no estén ni en la comisión de control ni el consejo de administración de las cajas. «Estas entidades deben estar  controladas por los impositores».

Balance. El portavoz de UPyD realizó estas manifestaciones durante el balance que el grupo municipal hizo del año que acaba de concluir y que calificó de «negativo» para la ciudad. Acompañado de los concejales Rosario Pérez y Julián Altable, Alonso acusó a Javier Lacalle de dejar varias ‘patatas calientes’ al nuevo ejecutivo que salga de las urnas y una deuda de «580 millones».

También se mostró partidario de buscar alianzas para garantizar la gobernabilidad pero «no para conseguir concejalías sino para consensuar programas».