El expresidente de Caja de Burgos, José María Arribas Moral, salió hoy "satisfecho" tras prestar declaración durante cerca de dos horas y media ante la jueza de Instrucción número 2, María Dolores Fresco Rodríguez, en el edificio de juzgados de la avenida Reyes Católicos de la capital burgalesa, ante la denuncia presentada por UPyD por un posible delito de administración fraudulenta y desleal del Consejo de Administración de Caja de Burgos.

A las 10.15 horas llegaba a las instalaciones judiciales, asistido por su abogado García Gallardo, y salía a las 12.45 horas, tras responder al interrogatorio tanto de la jueza, como de la Fiscalía y de la acusación, en este caso, del abogado de UPyD y responsable de Regeneración Democrática del partido, Andrés Herzog.

En declaraciones a los periodistas, Arribas señaló: "Ha sido una declaración larga, completa y salgo satisfecho de haber podido aclarar cualquier duda que hubiera existido". "En este momento, es lo único que puedo decir porque soy respetuoso con la decisión de la jueza en este caso", apostilló. "He dicho todo lo que sabía y he aclarado todas las dudas que pudieran existir", insistió. Preguntado acerca de si se encuentra tranquilo, respondió: "Nunca se está suficientemente tranquilo pero he estado tranquilo, sí, naturalmente que sí".

Y, aclaró que la declaración que presta hoy como imputado (asistido de abogado) "no es para solicitar la inocencia sino para aclarar todas las cuestiones de unas diligencias previas y la jueza quería conocer mis opiniones y datos sobre ello". "Voy como imputado porque no puedo ir como otra figura, como testigo que pasaba por allí", agregó.

Finalmente, manifestó que "hoy no va a contestar a estas cuestiones que ya ha explicado en la sala" pero advirtió de que "llegará un momento, cuando esto termine, que podré hablar con libertad". "En estos momentos, quiero ser muy respetuoso con la justicia", apuntó.   

Abogado de UPyD. Por su parte, el letrado de UPyD, Andrés Herzog, resumió las líneas de defensa utilizadas por Arribas en ampararse en "su magnifica y brillante" gestión al frente de Caja de Burgos, así como en "un cierto victimismo, en el sentido de que lo había dado todo por sus empresas, que había perdido su patrimonio personal, como si eso fuera justificación de otras cosas".

UPyD presentó en junio del pasado año una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en el que se señalaba que entre 2005 y 2010 se habían realizado operaciones de crédito, aval o garantía por parte de Caja Burgos a sociedades vinculadas a Arribas Moral. "Un total de 45 operaciones en menos de seis años cuyo importe superaba los 34 millones de euros, un 93,86 por ciento de las operaciones realizadas por la caja de ahorros con miembros del Consejo de Administración, familiares o empresas relacionadas", señalaron.

Asimismo, indicaron que el expresidente de la entidad también habría logrado supuestos créditos en condiciones "muy ventajosas para él y sus sociedades", entre las que se encuentran Industrias Basati SA, Tramitación de Residuos SL e Industrias del Arlanzón SA (Indasa). "Tres empresas sobre las que pesa la sospecha de haber sido objeto de maquillaje contable", apostillaron.

Herzog criticó que el expresidente de Caja de Burgos "no ha dado ninguna explicación de cosas clave" y lo calificó de "rocambolesco". En este sentido, señaló que la formación magenta va a seguir impulsando la investigación porque "no acaba aquí". En su opinión, resulta "obligatorio" que preste declaración -aún no han decidido si como testigo o como imputado- el que fue director general de Caja de Burgos, Leoncio García, porque "es la persona que aprobó esa compensación ilegal".

Además, entre las nuevas diligencias que pedirá UPyD se encuentran la posible imputación del Consejo de Administración de la entidad financiera porque, según subrayó, "es un órgano colegiado", sobre todo, precisó, en relación con el préstamo que le concedió la Caja de Ahorros de Navarra (CAN).

Crédito y dietas. Según la versión relatada por UPyD, Arribas reconoció que el crédito de CAN era de 600.000 euros y lo presentó como "un crédito personal, hipotecario de una vivienda que tenía en Madrid pero pedido para hacer frente a las deudas de Indasa". "Al margen del importe, lo relevante es que se concede en el momento de la negociación de la integración en Banca Cívica y por parte de una de las entidades que forma parte de eso", explicó, y agregó que "esa forma de articular ese crédito puede ser para eludir los controles de la Junta y la Ley de Cajas y hay que ver si eso es así".

"Él defiende que fue a la CAN a una sucursal de Madrid y ha intentado desvincularlo de esas otras negociaciones en nombre de Caja de Burgos que estaba manteniendo con Goñi y la CAN para la integración de Banca Cívica pero es muy sospechoso todo el tema de este préstamo cruzado", argumentó.

En otras cuestiones, agregó, "tampoco ha dado explicaciones satisfactorias". "Ha quedado confirmado que hubo una duplicidad del cobro de dietas de Caja de Burgos y de Banca Cívica cuando eso estaba prohibido", sostuvo el letrado, que ascienden a unos 80.000 euros.

"Esta compensación o gratificación, como él la llama, que está al margen de las normas legales de la Ley de Cajas y de las propias normas de Caja Burgos, no ha sido capaz de explicar ni porque tenía la competencia el director general para darle esa gratificación ni por qué no tuvo conocimiento el Consejo de Administración ni la comisión de control, cómo se materializa ese pago, no hay ningún contrato…", relató.