La llegada, hace unos meses, de un nuevo inspector urbanístico ha permitido que el Ayuntamiento adquiera el compromiso de realizar una vigilancia más exhaustiva de los edificios en mal estado en la localidad. Esta figura no ha existido dentro de departamento de obras del Consistorio desde hace décadas, algo que ha ralentizado durante los últimos años la apertura de expedientes de ruinas, que desde 2019 solo suman un total de nueve.

«Las declaraciones de ruinas se pueden hacer de parte o de oficio, hasta ahora sin tener un inspector que las atestiguara, solo hemos contado con las que se han realizado de forma particular», explica Antonio Linaje, alcalde de la localidad. Según el primer edil, en este 2024 ya se ha abierto un primer expediente a un edificio, que se suma a otros dos efectuados por parte de personas ajenas al Ayuntamiento. Las previsiones dentro de la Concejalía de Obras se orientan a que en el próximo año pueda crecer el número de construcciones en este estado por el incremento de inspecciones.

Desde 2021 a 2023, la oficina de urbanismo ha recogido un total de 4 declaraciones de ruinas, todas ellas realizadas de parte. El alcalde prevé que los datos de 2025 aportarán un visión más realista del estado de las construcciones arandinas, con la llegada de exámenes más estrictos. «Hay que tener en cuenta que lo más catastrófico supone abrir el expediente de ruinas, con las inspecciones esperamos ahorrar este tipo de situaciones y conseguir que los procesos abiertos permitan ejecutar intervenciones para recuperar edificios en mal estado», aclara el primer edil.

Conforme a la normativa existente, el proceso que se pone en marcha tras efectuar una declaración de estas características, comienza con una instancia al propietario para que ponga solución al estado del edificio. Solo en caso de que no se realice ninguna intervención en el mismo, el mismo Consistorio ejecutaría, como última opción, las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y de las construcciones colindantes.

La concejala de obras, Ana Hervás, explica que «los trámites para poner en marcha un expediente de ruinas se pueden alargar durante varios años debido a la dificultad que conlleva su procedimiento». Cuestiones como la búsqueda de los propietarios y la necesidad de identificarlos como tal, suponen un obstáculo más que se debe salvar para efectuar una actuación de estas características. Esto dilata los tiempos e impide una mayor diligencia a la hora de enfrentarse al mal estado de los edificios. La concejala manifiesta que, actualmente, «no hay detectado ningún edificio que corra peligro de caerse».

En el centro. En una primera inspección visual por el centro de la localidad se pueden detectar varios edificios en aparente mal estado. Algunos de ellos cuentan, incluso, con alguna modificación para evitar posibles accidentes o desprendimientos. En los últimos años, al menos dos edificaciones situadas en el corazón de la ciudad se han declarado en ruina. La primera de ellas, ubicada en el número 9 de la plaza de Santa María y la segunda en el 11 de la Plaza Mayor, ambas protegidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana.

La Concejalía de Obras reconoce que los expedientes no reflejan el estado real de las construcciones de Aranda, sobre todo en el caso de las ubicadas en el centro y asegura que la situación irá cambiando a medida que el nuevo inspector urbanista pueda realizar los informes oportunos a lo largo de los próximos meses.

Lo más probable es que la mayor parte de los edificios en mal estado tengan que someterse a obras de consolidación, las cuales tienen como objeto el afianzamiento, de elementos dañados para solventar posibles alteraciones estructurales, y que no precisen ser declarados en ruinas.