Los expertos en derecho mercantil auguraban hace un par de años un aluvión de concursos de acreedores tras la paralización que supuso la pandemia para muchas empresas. Sin embargo, esas liquidaciones de deuda no han sido de entidades jurídicas, sino particulares que han decidido regularizar su situación económica a través de la llamada ley de segunda oportunidad. Es tal el repunte que cada mes se baten récords de procedimientos en Burgos. En lo que llevamos de año ya hay un 30% más que en 2023 y todo apunta a que el ejercicio se cerrará con su máximo histórico.

Los datos facilitados por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial reflejan que en los juzgados de Burgos se han hasta septiembre un total de 175 concursos de acreedores. De ellos, 163 son de particulares que buscan exonerar sus deudas tras alcanzar un acuerdo basado en un plan de pagos. Esto significa que alrededor de una veintena de personas al mes acude a los tribunales para solventar sus problemas financieros en condiciones favorables.

Hace apenas unos días, se celebró en Burgos un congreso de magistrados especialistas en derecho mercantil, en el que precisamente se debatió sobre el éxito de la ley concursal, especialmente entre particulares. El director de Trademat Subastas, empresa organizadora del evento, Luis Arnáiz, señaló que esta norma relaja mucho las condiciones para alcanzar acuerdos de resolución de deudas. Dicho de otro modo, ahora es «a gusto del consumidor». Aun con todo, Burgos sigue muy lejos de la media nacional, puntualizó.

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