La polémica se traslada al Parlamento

Agencias
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El Gobierno se enfrentará esta semana en el Congreso a las preguntas de la oposición sobre su actuación contra la «corrupción» en pleno revuelo por las novedades del 'caso Koldo'

La sesión de control de este miércoles al Ejecutivo que lidera Sánchez se prevé bronca, con el PP en pie de guerra tras el último informe de la UCO. - Foto: Europa Press

Aunque la semana política arrancará hoy en el terreno judicial, con la presentación de una querella del PP contra el PSOE en la Audiencia Nacional por los delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el caso Koldo, la ofensiva de los populares contra el Gobierno copará también la actividad parlamentaria, con una batería de preguntas lanzadas en el Congreso que, esperan, pondrán en evidencia «la corrupción» que, denuncian, «cerca» a Pedro Sánchez.

Con este empeño, siete de las 10 cuestiones que los de Alberto Núñez Feijóo formularán en la sesión de control al Ejecutivo del miércoles serán, según adelantaron ayer, sobre dicho asunto, entre ellas la que dirigirá su propio líder al inquilino de la Moncloa.

Después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) relativo al caso Koldo aconseje imputar al exministro socialista José Luis Ábalos por tener un «papel de responsabilidad» con la trama y mencione supuestas conversaciones y gestiones del jefe del Ejecutivo, el principal partido de la oposición no ve otra alternativa.

Así, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quiere dirigirse a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para preguntarle si considera que el Gobierno «está ofreciendo una respuesta adecuada frente a la corrupción».

De su parte, el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, le quiere plantar cara al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque en su caso para conocer «¿quién es el responsable del nombramiento de los directores de la Guardia Civil?». Esta pregunta llega después de que en otro de los informes de la UCO haya aparecido el exdirector de la Benemérita Leonardo Marcos como posible persona que protagonizó un chivatazo a Koldo García, exasesor de Ábalos, que estaba siendo investigado por el Instituto Armado.

También el PP quiere lanzar a Marlaska una interpelación sobre los «múltiples escándalos» de corrupción que cercan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno de Sánchez, un debate del que derivará una moción que se votará a la semana siguiente.

En este contexto, Feijóo cuestionará al presidente sobre si «va a ofrecer a los españoles la información que le demandan», ya que su partido viene exigiéndole que rinda cuentas por el caso Koldo, pero también sobre las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra.

También en el Senado

Mientras, el Senado afrontará también hoy el debate y votación de la ley sobre intercambio de antecedentes penales de la UE que puede beneficiar a presos de ETA, una norma que generó gran polémica tras el reconocido «error» del PP de votar a favor en el Congreso.

Coincidiendo con el fin del plazo para tramitar esta norma en la Cámara Alta, después de que los populares hicieran valer su mayoría absoluta para posponer la votación hasta la fecha límite, ahora llega el momento de ver si sale adelante.

Los de Feijóo tomaron esta decisión tras el revuelo mediático que provocó que ninguno de sus diputados y asesores se hubieran percatado de la enmienda de Sumar, que convalida a los etarras la pena que cumplieron en otro país.

El propio líder del PP reclamó personalmente al jefe del Ejecutivo que paralice la norma, que ve una «indignidad». «Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite», le demandó en la Cámara Baja.

Así lo manifestó tras asumir un «error injustificable» por parte de su formación y que acarreó duras críticas de las asociaciones de víctimas, que tacharon de «vergonzosa» la «negligencia» durante el trámite parlamentario.