Cuando, el pasado dieciocho de septiembre el pleno del Congreso aprobó por unanimidad, con los votos del PP y VOX, una norma europea que lleva una enmienda de Sumar que permitirá a los mayores asesinos de ETA salir de la cárcel, en los próximos meses, no fue un error. Fue, sencillamente, que los diputados de la derecha no se habían leído el texto al que dieron su aprobación.
No era la primera vez que ocurría. Ya en la comisión de Justicia del Congreso, el mismo texto, con la enmienda de Sumar, también recibió su voto a favor.
La labor parlamentaria no consiste solo en asistir a los plenos, patear, abuchear al contrario y aplaudir al jefe. Su labor principal es la elaboración de leyes que mejoren la vida de los ciudadanos, cuyo trámite necesita de varias votaciones previas y solo un estudio minucioso y con conocimientos legislativos es lo que debería inclinar la balanza para votar a favor o en contra. Pero el Congreso se ha convertido en una jaula de grillos donde las polémicas lo ocupan todo.
Se comprende que Feijóo haya salido a pedir disculpas por lo que ha calificado de "error injustificable". No, no es un error. Es una execrable manera de ejercer la labor para la que fueron elegidos. Pero su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, uno de los responsables de lo ocurrido, en lugar de mostrar contrición, ha acusado a Moncloa de "perpetrar un nuevo fraude".
Son tan malos parlamentarios que no se enteraron, por no leer, que la enmienda permitiría que todos los dirigentes etarras, que cumplen condena, puedan verla reducida al contarles los años pasados en prisión en el extranjero. Precisamente lo que el Gobierno de Rajoy (su partido) dejó de lado al trasponer la norma europea hace dieciséis años.
Ahora Feijóo pide al Gobierno "paralizar esta indecencia" y ha conseguido que el pleno del Senado, donde tienen mayoría, ralentice la aprobación de la norma hasta el día 14 de octubre. Pero el texto, por mucho que se rasguen las vestiduras, acabará en el BOE porque no se presentaron ni enmiendas ni vetos en tiempo y forma. Es decir: por su culpa.
Se comprende que, al acabar la sesión del Senado, varios compañeros, entre ellos Javier Arenas, se acercaran a la tarima de la Mesa de la Cámara Alta para mostrar su solidaridad a Mari Mar Blanco. Su hermano, el concejal Miguel Ángel Blanco, fue asesinado por Txapote, uno de los beneficiados por esta ley y que estará en la calle en 2025.
Aunque ETA desapareció hace ya muchos años, los mayores asesinos de ETA deben cumplir sus penas íntegras por respeto a las víctimas y sus familias. Tal vez por eso la ministra portavoz, Pilar Alegría, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, se negó a hablar de las consecuencias de la ley. A lo mejor le daba vergüenza.