Cuando el tiempo corre de forma inexorable hacia la investidura de Salvador Illa como futuro presidente de la Generalitat de Cataluña todos los asesores, gabinetes y actores principales se preparan para los distintos escenarios que pueden producirse si, como parece inevitable, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, decide hacerse presente para participar en esa sesión parlamentaria.
Los mossos d'esquadra, a las órdenes judiciales del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, constituyen la primera barrera de contención para las intenciones de Puigdemont, de quien depende realizar una reentré rocambolesca o infantiloide, o afrontar a pecho descubierto su regreso al Parlament, del que salió después de abortar la independencia de Cataluña en ocho segundos. Que Puigdemont va a ser detenido por la policía catalana está fuera de toda duda. La cuestión es él cuando. Con una justicia que tiene unos modos que se presumen estrictos pero que en realidad son volubles, la detención de Puigdemont no debiera producirse antes de que se pueda sentar en su escaño y participe como desea en la sesión de investidura del líder socialista catalán, de la que tendría que salir Salvador Illa camino del Palau de la Generalitat. Entra ahí en juego la flexibilidad o el rigor que quiera aplicar el juez Llarena.
Teniendo en cuenta que las relaciones y posiciones político-judiciales del juez con el Gobierno de Pedro Sánchez no son nada proclives al Ejecutivo quizá no dude en exigir la detención inmediata de Puigdemont, a sabiendas de las consecuencias políticas de esa decisión, la posibilidad de que se retrase la sesión de investidura y de que Junts trate de maniobrar para forzar la repetición de las elecciones. Antes o después de que Puigdemont ponga un pie en España le espera la detención y la cárcel dada la pena que le puede caer por los delitos que se le imputan y su pasado escapista.
Tanto el presidente del Parlament, Josep Rull, fiel escudero de Puigdemont, como los líderes parlamentarios del PSC y de ERC trabajan también con el escenario de la detención de Puigdemont y sus consecuencias temporales, una vez descartado por parte de ERC de revertir el pacto alcanzado con los socialistas, votado favorablemente por todas sus bases. Después de haber llegado hasta aquí, una repetición electoral es el escenario menos conveniente para ERC, en pleno debate de recomposición. La mayoría de socialistas y republicanos en la Mesa del Parlament puede aceptar un retraso en la investidura, y ni tan siquiera, pero no su fracaso.
En La Moncloa, por su parte se estudian ya, y se venían estudiando, todos los escenarios posibles derivados de la investidura de un presidente de la Generalitat no nacionalista como consecuencia de unos resultados electorales que certificaron la caída del independentismo, y de la detención de Puigdemont. La amenaza verbalizada por el secretario general de Junts, Jordi Turull, de que se replantearán el acuerdo con Sánchez si Carles Puigdemont es detenido y entra en prisión, supone incrementar la inestabilidad de una legislatura inestable. Nada que no se supiera que iba a ocurrir. Solo falta que decidan hasta que punto quieren quedarse tuertos por ver ciego a Pedro Sánchez, lo que quizá no les convenga.