Vuelve la rutina académica a la Universidad de Burgos tras el período estival. Nos adentramos así los miembros de la comunidad universitaria -especialmente, quiero creer, estudiantado pero también profesorado- con ilusión en el nuevo periplo universitario afrontando con energía los retos que el semestre recién iniciado nos depara.
Todos los años durante este nuevo inicio se advierten inminentes novedades pero hay que decir que, en este caso, la sorpresa y aún incertidumbre prometen tener mayor enjundia a la luz de las recientes reformas legislativas acaecidas en materia universitaria. Así pues, entre varias y con carácter global, habrá de producirse de una u otra forma la puesta en práctica de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, en vigor ya desde abril. Pero igualmente habrá de hacerse frente a la aún más reciente modificación del sistema de selección del profesorado universitario publicada el pasado 6 de septiembre.
Sin embargo, a mi juicio, todo ello pasa por una cuestión más delicada cual es la adecuada financiación de las universidades públicas pues malamente pueden realizarse mejoras y adiciones 'a coste cero' como en ocasiones se pretende desde las altas instancias (también, hay que decir, universitarias y no sólo gubernamentales). Entre otros destinos de tal dotación económica y, sin duda, por ser el que más conozco, debo aquí propugnar su traslado a una de las partidas más sensibles, sin óbice de otras a buen seguro, cuál es el profesorado, donde esta inversión es desde hace tiempo necesaria. Dotación y/o financiación que ha de sumarse a una adecuada política o, más aún, estrategia universitaria en este ámbito como ya he tenido ocasión de defender en anteriores ocasiones; así, a favor de la promoción del talento y el mérito, defensa del profesorado a tiempo completo unido a la labor de profesionales de reconocido prestigio, reconocimiento del perfil investigador del profesorado y largo etcétera.
Es por todo ello que me preocupan noticias como la no hace mucho publicada en un diario de tirada nacional anunciando como la universidad española necesita 3.100 millones extra para no quedarse atrás en la competición internacional; cantidad que aquí se cifraba en 15% de la inversión anual respecto de la ahora atribuida. Sólo así parece la universidad española podrá competir con otras del entorno europeo, siquiera por ser éste el más próximo dentro del ámbito internacional.
Esta es una de las cuestiones que en mayor medida marca la diferencia entre países estando la responsabilidad atribuida a la Administración central y, aún más, a las comunidades autónomas; a estas últimas les corresponde en gran parte esta financiación dada la transferencia de competencias aunque tampoco, hay que decir, se observa, siquiera a grandes rasgos, importante desnivel en este sentido a lo largo de la geografía española. Invertir en servicios públicos como educación, también justicia, últimamente tan denostada y, sin duda, descuidada, es clave profuturo; en el caso de la primera no olvidemos se trata de asegurar el devenir de las siguientes generaciones así como asentar las bases del Estado, presente y futuro, que queremos construir bajo el áurea de la prosperidad. Merece, pues, sin duda, la pena una mínima contribución al alza en este campo de juego.