La provincia tiene un largo bagaje en lo que a generación de energía se refiere. Desde la extracción de combustibles fósiles de las profundidades del subsuelo a mediados del siglo pasado en La Lora hasta la producción de electricidad a través de aerogeneradores y paneles solares, el territorio burgalés siempre ha sido puntero en este sector a nivel nacional. Con la alternativa del fracking sin explotar por cuestiones políticas y medioambientales, las mismas que llevaron a la central nuclear de Santa María de Garoña a iniciar un tedioso proceso de desmantelamiento que se prolongará a lo largo de este siglo, tanto la energía eólica como la fotovoltaica se han aupado como las auténticas dominadoras a lo largo y ancho de la provincia.

La Junta de Castilla y León tiene registrados hasta 79 parques con más de medio millar de aerogeneradores moviendo sus aspas día sí y día también al son del viento. Su presencia en el horizonte burgalés ha pasado de ser algo anecdótico y residual a convertirse en una estampa habitual. Es más, a excepción de Las Merindades y o los Juarros, donde estos proyectos parecen -de momento- no contar con el beneplácito de las administraciones -ni que decir tiene de sus habitantes- en el resto de enclaves de la provincia raro es el municipio que no tiene instalados molinos o que no le han tanteado.

A esta masificación de gigantes de viento, algunos que incluso alcanzan los 170 metros de altura, se suma ahora el boom por la generación de electricidad renovable a través de placas solares. Este tipo de energía es ostensiblemente más barata que la eólica, ya que su instalación no requiere la misma maquinaria, ni mano de obra ni desembolso económico que la que emplea el viento. Además, sus rendimientos, tal y como han demostrado diversos estudios, son hasta cinco veces superiores.

Este fenómeno ha despertado entre los promotores privados un furor por la solicitud de permisos ante la Junta para poner en marcha complejos solares. Rara es la semana en la que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) no recoge la petición de una empresa para poner en marcha un complejo en cualquier punto de la provincia. Lejos de caer en gracia -como pasa los eólicos por los beneficios que generan y el poco suelo que absorben- algunos ayuntamientos, propietarios de fincas, vecinos e incluso las instituciones públicas parecen haber iniciado una batalla -en algunos casos silenciosa- contra estas promociones.

Y es que este tipo de instalaciones se traducen en miles de hectáreas de sombra y completamente inútiles para la agricultura o la ganadería, lo que puede dar la puntilla al ya de por sí malogrado medio rural burgalés. Unos de los primeros pueblo que se levantó en armas contra la masificación de complejos de energías renovables fue Celada de la Torre. En este municipio del Ayuntamiento del Valle de Navas se construye un parque eólico con 6 aerogeneradores y otro solar promovido por la compañía Elawan Energy con 55.000 paneles a escasos 400 metros del casco urbano. Según sus habitantes, se pondrá en riesgo a las aves esteparias y la fauna del entorno y se clausurará un camino rural por el que pasean mayores y pequeños, amén del impacto visual. Los dos se encuentran judicializados, lo que no ha frenado su tramitación. Tampoco lo hizo la petición en contra del Procurador del Común y las alertas de los técnicos de la Junta.

A estos complejos se sumará en breve -las obras están a punto de arrancar- la instalación de más de 140.000 paneles en 156 hectáreas junto al deshabitado Castil de Carrias, perteneciente al Ayuntamiento de Belorado.

El acabose. Pero, sin duda, el complejo con mayor impacto de todos los que hay en cartera en la provincia es el de Solaria Energía y Medio Ambiente en la Bureba. Basta con echar un vistazo a las cifras que rodean al proyecto -340 millones de euros y casi un millón y medio de placas solares- para hacerse una idea de la dimensión del mismo. Aunque hay ayuntamientos a favor, vistos los generosos ingresos que se reportarán a sus arcas, también hay voces -muchas- que claman por la paralización de las obras. Estas arrancaron en verano y, cuando concluyan, dejarán más de un millar de hectáreas a la sombra durante las próximas décadas. «No tiene ningún sentido colocar placas solares en algunas de las tierras de cereal más productivas de España», reconocen algunos de los agricultores afectados.

Más recientemente se han destapado peticiones como la de Sotovellanos, una pedanía de Sotresgudo, donde la mercantil madrileña OPDE prevé poner en marcha 175.000 paneles solares en una finca privada. Entre Albillos y Villagonzalo Pedernales, al pie de la autovía A-62, también hay proyectado un parque con hasta 56.000 placas. Capital Energy pretende poner a la sombra durante las próximas décadas uno de los terrenos más fértiles de todo el Alfoz de Burgos, lo que sublevó hace unos meses a los agricultores. Además de hacerles perder decenas de hectáreas y miles de euros, los profesionales del campo apuntan que la reducción de fincas provocará una inflación del precio de las rentas.

La Junta está empezando ya a poner cierto coto a estos proyectos durante su fase de tramitación, mientras que en la Diputación ya se empiezan a escuchar las primeras voces que alertan de la sobresaturación de aerogeneradores y, especialmente, del daño que provocan los paneles fotovoltaicos. Del mismo modo, algunos ayuntamientos se muestra abiertamente en contra de ciertas inversiones que, si bien les reportarían ingentes ingresos en sus maltrechas arcas, dejarían una estampa dantesca.