Castilla y León recibirá 4,7 millones de euros del Gobierno de España destinados a la creación de 430 nuevas plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil, los cuales se enmarcan en la redistribución de un total de 32,2 millones de euros entre siete comunidades autónomas que han solicitado más fondos para este motivo, montante que dio el visto bueno hoy el Consejo de Ministros.
Junto a Castilla y León se encuentran también Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra, autonomías que manifestaron su disposición a recibir más financiación dentro del programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de uno y dos años, que forma parte del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El impulso a la escolarización de cero a tres años es una de las prioridades del Gobierno ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas. Además, la disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades, mejora la conciliación familiar, la equidad educativa y el equilibrio territorial.
Desde el Gobierno de España trasladaron en un comunicado recogido por Ical que la redistribución aprobada hoy corresponde a fondos reintegrados por la Junta de Andalucía, que de las 12.069 plazas para las que recibió financiación solo tiene previsto crear 1.040 plazas. El montante no ejecutado por esta comunidad (algo más de 112 millones de euros de los 120 recibidos) ha sido reintegrado y parte del mismo se ha destinado a cubrir las necesidades de las comunidades autónomas citadas anteriormente.
La cantidad restante del citado reintegro (algo más de 80 millones de euros) queda reservada para una nueva redistribución entre comunidades autónomas y otros departamentos (como el Ministerio de Defensa), y se destinará, hasta final de 2025, a la creación de más plazas de titularidad pública de cero a tres años.