El Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente (Magrama) publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto ambiental favorable del primer tramo de la autovía de Logroño (A-12), Burgos-Ibeas de Juarros. Hasta ahí las buenas noticias. El documento especifica que la alternativa escogida por la DirecciónGeneral de Carreteras tiene un impacto «severo» sobre el Camino de Santiago, al afectar a 4 tramos que deberán ser repuestos o recuperados; y también influirá sobre la flora y fauna de las riberas del Arlanzón.
Pero además, el Ministerio de Fomento siembra serias dudas sobre el futuro de la autopista Burgos-Armiñón.«La finalización de la concesión en el año 2018 no quiere decir que la AP-1 quede liberada de peaje». Esa frase se utiliza para refrendar las sucesivas negativas a las solicitudes formuladas tanto por el Ayuntamiento de Burgos y el de Cardeñajimeno, como del Magrama, que al menos en dos ocasiones -octubre de 2012 y mayo de 2014-, «ha solicitado el análisis y consideración de la alternativa de desplazar el peaje (liberar un tramo) y otras que pudieran tener un menor impacto ambiental», se explica en el documento. Carreteras ni siquiera ha tenido en cuenta esas posibilidades. «Estas alternativas están fuera del ámbito de estudio del proyecto». Y de ahí no sale.
Descartadas la alternativa 1, por cruzar una zona reservada al Parque Tecnológico, y la 3, al requerir la modificación de los otros tramos del corredor ya planificados, el estudio de impacto ambiental subraya que la 2 «es la que más afecta al Camino de Santiago», al que cruza en 4 puntos. Esa afección ya fue subrayada por los Ayuntamientos de Villafranca Montes de Oca, Cardeñajimeno, Ibeas de Juarros y Burgos en sus alegaciones, donde subrayaban que se trata de «una fuente de desarrollo económico y social de los municipios» afectados. También por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que subraya que los valores de un bien Patrimonio de la Humanidad «van más allá de la pura traza física del Camino» y «no se pueden compensar a través de medidas de simple reposición, como si se trata de una vía histórica más».
Pero es sin duda Icomos la entidad más dura con el trazado, cuyo proyecto exigir retirar al considerar que «destruye» 620 metros y afecta a otros 100 (por construcción elevada sobre el mismo), además de a otros 3.275 del entorno de protección. A su juicio, «resulta incomprensible que se infrinja la normativa vigente precisamente por la Administración pública encargada de la gestión y conservación del Camino de Santiago, y se opte por una solución económicamente más cara, ecológicamente no recomendable y socialmente negativa al no permitir el desarrollo sostenible de la zona, factor este último necesario para la buena conservación del BIC», se queja.
Tras todas estas alegaciones, concluyen que el proyecto deberá recuperar y reforzar la señalización de los tramos de la ruta jacobea afectados, además minimizar con una barrera vegetal aquellos que discurran por las proximidades de la nueva infraestructura o de la Nacional 120. Un arqueólogo tendrá que estar presente durante «todos los movimientos de tierra» y el control de los sondeos de los 5 yacimientos arqueológicos a los que también atañe.
La alternativa 2 también afecta a la Red Natura 2000, al cruzar el río Arlanzón «mediante 2 ramales paralelos a la AP-1 con sendos viaductos» de algo menos de 100 metros de longitud cada uno. No obstante, tras la aplicación de medidas correctoras el impacto pasa de moderado-severo a no ser considerado significativo en la flora y la fauna de las riberas.
Más entidad tiene el problema del ruido, si bien el estudio acústico estaba realizado con 2015 como fecha prevista de puesta en funcionamiento de una autovía para la que en Burgos no se ha puesto ni una piedra (sí está terminada enLa Rioja). Se detectan 19 zonas sensibles, con 3 núcleos rurales y 143 viviendas afectadas, además de la base militar Cid Campeador de Castrillo. Durante el periodo de información pública, todos los ayuntamientos afectados, salvo el de Burgos, subrayaron el impacto acústico de la nueva infraestructura. Por ello, será necesario colocar pantallas de protección de hasta 5 metros de altura en 11 puntos, tales como las urbanizaciones de Ibeas de Juarros y Tomillares, la base militar, San Medel, las viviendas de Arroyo Molinar y diversos unifamiliares que salpican el trazado.
La resolución incluye otras apostillas, como la necesidad de prestar especial atención al diseño y ejecución de los taludes que discurren paralelos al cauce del río Arlanzón y a su vegetación de ribera. También precisará un programa de vigilancia medioambiental centrado en las medidas de protección de la fauna y la vegetación, la calidad de las aguas, la protección del patrimonio cultural y la minimización de las molestias durante la obra.