El falso obispo Pablo de Rojas no podrá permanecer en el monasterio de las clarisas de Belorado ni acceder a ninguno de los inmuebles propiedad de esta comunidad religiosa, según acaba de anunciar el arzobispo, Mario Iceta, a quien ha sido conferido por parte de Roma el poder que hasta ahora ostentaba la abadesa que ha protagonizado el cisma y todo su consejo. La prohibición afecta también a la mano derecha del líder de la Unión de San Pablo Apóstol, el exhostelero José Ceacero, y a todos los integrantes de este grupo que la Iglesia Católica considera una secta, a los que recordó que se encuentran dentro de un "recinto católico".
El arzobispo de Burgos no ha aclarado por qué medios se puede ejecutar esa orden ni tampoco ha establecido un plazo máximo para que los integrantes de la Pía Unión abandonen el convento. "Vamos a ir dando pasos, viendo el feedback", ha apuntado con cautela, aunque también recuerda que tienen instrumentos de derecho de los que poder servirse, llegado el caso, para actuar. Iceta ha recordado que los monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas. «Si se llegara a decretar la supresión de los monasterios, por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa (denominada Cor Orans), todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos».
Ayer mismo, envió un burofax a sor Isabel para comunicarle el final de su mandato como superiora de la comunidad -hoy se tenía que haber celebrado la elección de la nueva abadesa- y su nombramiento como comisario pontificio, lo que le faculta para administrar todos los bienes del monasterio burgalés y los de Derio y Orduña, que también pertenecen a la comunidad de clarisas.
Iceta ha anunciado que pedirá la colaboración de un despacho profesional para la administración de los tres conventos y que encargará la realización de un inventario y de una auditoría para conocer el estado económico en el que se encuentran. También contarán con la ayuda de otros despachos jurídicos especializados en materia civil, fiscal o penal si fuera necesario.
En cualquier caso, el arzobispo de Burgos subraya que la situación de las hermanas es su máxima prioridad y que no van a dejar de buscar vías de interlocución con el interior del convento. Quiso dejar bien claro, en contra de algunas informaciones que se han publicado durante estos días, que la comunidad clarisa de Belorado y Orduña ha cuidado a la perfección tanto de las hermanas más mayores como de todo su patrimonio.
No obstante, Iceta ha confesado sentirse afligido porque las monjas "no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado" e insiste en que "transcurrido un tiempo prudencial", buscará que todas y cada una de las 15 religiosas que permanecen en el convento de La Bretonera se pronuncien sobre la decisión de abandonar o no la Iglesia Católica. Dicha renuncia, avisa "las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunición eclesial" y la consecuencia sería su excomunión latae sententiae (sin necesidad de juicio). "Confiamos viviamente en que no sea necesario llegar a este extremo", recalca el arzobispo.
Comisión gestora. Aunque el cargo de comisario pontificio tiene carácter "unipersonal", Iceta recalca que tomará todas las decisiones de manera colegiada con la comisión gestora, junto a la que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, que está integrada por la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, la madre Javier Soto, y su secretaria federal, Carmen Ruiz; el vicario judicial de la archidiócesis, Donato Miguel Gómez, quien lleva la investigación abierta por el delito de cisma y se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico; y el director de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, Rodrigo Sáiz, que coordinará los aspectos relativos al ámbito civil.
"Perdonar las ofensas". El arzobispo de Burgos ha sido objeto de duras críticas e insultos por parte de los líderes de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, en especial su portavoz, el exhostelero José Ceacero. Mario Iceta asegura que su respuesta ante esos descalificativos es "la de cualquier cristiano, perdonar las ofensas" y que ha rezado muchos padrenuestros por ellos. No obstante, añade, ello no obsta para que todo lo sucedido se incorpore al procedimiento abierto y pueda ser susceptible de utilizarse en su momento en la causa.