Las discrepancias que mantiene e lAdministrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) con las empresas adjudicatarias de las obras del AVE entre Estépar y Burgos parecen ir más allá de un desencuentro «habitual», como ayer por la mañana el subdelegado del Gobierno, José María Arribas. La UTE procedió ayer a despedir a decenas de trabajadores y pidió a otros que se tomaran vacaciones, en previsión de que la paralización se prolongue mucho más allá de los «10 o 15 días» a los que se refería el representante del Estado.
La paralización se produjo el martes por la tarde, de manera sorpresiva pero tan tajante que ni siquiera se incorporó el turno de noche. Los trabajadores no recibieron ninguna explicación sobre los motivos, aunque se marcharon a sus casas -la inmensa mayoría procedente de fuera de Burgos- con la creencia de que podrían regresar en unos días. Les prometieron noticias para el lunes pero lo cierto es que ya ayer les empezaron a llegar, y precisamente las que ninguno quería oír. Despidos que auguran otro parón en una infraestructura que tenía que estar finalizada en 2015, objetivo que cada día que pasa parece más inalcanzable pese a que oficialmente se mantenga.
Al igual que Adif, Arribas desvinculó lo sucedido en Burgos de la investigación judicial abierta por el sobrecoste de la línea de alta de velocidad de Barcelona y trató ayer de restar importancia a la interrupción de los trabajos, que achacó a «motivos administrativos de evaluación y revisión técnica de obra», sin entrar en más detalles. No obstante, un simple vistazo a la obra revelaba que no se trata de algo momentáneo.Todo el material y la maquinaria habían sido recogidos y apenas quedaba una decena de empleados de mantenimiento.
La sorpresa ha sido mayúscula también en las localidades afectadas por las obras de la alta velocidad, precisamente cuando hacían honor a su nombre y daban un importante acelerón.«Ha habido un día que los camiones de movimiento de tierras han realizado 1.000 viajes», aseguraba ayer Jaime Martínez, alcalde de Estépar.
La obra fue adjudicada el 21 de diciembre de 2009 a la UTE que forman Altec Infraestructuras y Torrescámara, por 80,3 millones.Posteriormente, hubo al menos un modificado en el túnel de las Calbezadas, por el que estuvo parada más de 2 años, y cuyo importe y condiciones no han trascendido.