El escándalo de la pérdida de más de 850.000 euros de la recaudación de las tarjetas de autobús, conocido como 'caso Prepay', no deja de aportar detalles hasta ahora desconocidos y relevantes como el de la existencia de un informe elaborado por el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) el 11 de julio de 2023, en el que se trasladó a la mesa de contratación que «la empresa Prepay Technologies S.A. podría estar en temeridad en dos apartados de la oferta económica». La técnico recordó que, cuando se presenta una única oferta, la Ley de Contratos considera, en principio, «desproporcionada o temeraria» las ofertas inferiores en más de un 25% respecto al presupuesto base de licitación. Y eso fue lo que ocurrió tanto en el apartado de las comisiones a cobrar por las recargas de las tarjetas en espacios físicos (con una baja del 26,25%) como con las realizadas por aplicación móvil (91,25% de baja).

El informe indica que la oferta de Prepay podría no ser fiable y, si bien no hace referencia a la deuda que en ese momento tenía la empresa con el Ayuntamiento (superaba en ese momento los 300.000 euros), lo que viene a demostrar es que algún informe técnico, al menos inicialmente, sí mostró su reparo a esta contratación.

Sorprende que ni el concejal de Movilidad, José Antonio López, ni la alcaldesa detallaran en las tres comparecencias públicas esta circunstancia ya que en cada una de ellas han querido recalcar precisamente que los técnicos no habían advertido ningún incumplimiento o irregularidad para contratar a Prepay.

El concejal incluso manifestó este lunes que «el expediente de adjudicación a la empresa va impoluto y no hay ninguna reserva», y aunque es cierto que se refería a las deudas no parece tampoco que el mejor término para definir la situación sea el de impoluto ya que parece que algunas dudas hubo sobre la adjudicación del contrato.

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