Las amenazas de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) no han arredrado a los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento arandino que ayer acordaron, con la ausencia del Prcal y la abstención de IU, recurrir el auto que rechaza la dación en pago por los terrenos de Proincove ocupados irregularmente para la adecuación de las riberas del río Arandilla.

El alto tribunal descartaba el abono de los 4,017 millones de euros dictado como medida cautelar al ser el justiprecio que fijó la Comisión Territorial de Valoración sin que el Ayuntamiento la recurriera en su momento ‘en especie’ e imponía el desembolso en cuatro plazos hasta 2017.

El auto advertía de la imposición de multas coercitivas, a abonar con su patrimonio personal, tanto a la alcaldesa como a los concejales que impidan con su voto el cumplimiento de la sentencia, y que podría exigir responsabilidades penales. Sin embargo los responsables municipales decidieron, aconsejados por el secretario  y el oficial letrado mayor,  interponer recurso de reposición.

Aunque es previsible que esta  opción se desestime, ya que se plantea ante el mismo órgano, consideran que   no recurrir entorpecería el procedimiento judicial principal.  Asimismo creen que si se agota esa vía cabría la posibilidad de plantear un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Supremo, una alternativa de casación que, al parecer, se  puede tener cabida por la elevada cuantía. «Vamos a intentar la posibilidad de seguir agotando la defensa de los intereses del Ayuntamiento, de todos los ciudadanos, en un asunto que supondría un quebranto muy importante para las arcas municipales y el bienestar y el futuro de todos los arandinos», justifica la alcaldesa, Raquel González.

Respecto a la opción de realizar una reserva económica como gesto de buena voluntad, la regidora indicó que si bien no salió a relucir en la junta de portavoces sí ha habido un planteamiento de hacer una posible consignación presupuestaria «pero serán los departamentos jurídicos los que nos asesoren si eso procede o no como correspondería».

Por su parte el portavoz de IU, Máximo Pastor, justificó su pronunciamiento en que no ven opción al recurso puesto que el TSJCyL tiene ya una decisión muy firme respecto a este asunto y esta nueva maniobra dilatoria «podría acarrear que nos impusieran además el pago de costas».