En sus casi 36 años de vida, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León va a estrenar nueva presidencia con la magistrada Ana del Ser López, a la que han precedido Antonio Nabal, José Luis de Pedro y José Luis Concepción, que a punto ha estado de cumplir 20 años en el cargo. 

En 1987, Aznar, con el rechazo de algunos de sus procuradores de AP de León y Burgos, sacó adelante la ley que fijó de forma definitiva en Valladolid las sedes de las instituciones básicas de la comunidad (Cortes, Junta y Presidencia) a la vez que decidió que Burgos albergara el nuevo Tribunal Superior de Justicia (con salas de lo contencioso y de lo social también en Valladolid). Mientras que en Burgos se consideró el TSJ como un premio de consolación a sus reivindicaciones de capitalidad regional, colegios de abogados de varias provincias no ocultaron sus preferencias por ubicar también en Valladolid el máximo órgano de justicia de la región. Una decisión que a lo largo de los años también ha sido cuestionada por los regidores pucelanos. 

El magistrado segoviano José Luis Concepción, siempre dispuesto a entrar en batalla, no ha pasado desapercibido. En su despedida ha vuelto a denunciar ataques e injerencias políticas contra la independencia de los jueces. De verbo fácil (en su día fue premiado por ser el personaje público de CyL que mejor comunicaba) desde el primer día fue cañero con el ministerio del ramo, al que reclamó más juzgados y medios. Contrario a compartir con la Audiencia Provincial el rehabilitado Palacio de Justicia, no reparó en sus críticas al Gobierno por su proyecto de Justicia de proximidad, cuestionó la entrada de Podemos-IU en el ejecutivo de Sánchez y puso el grito en el cielo ante muchas medidas del estado de alarma por la pandemia o por la amnistía a los implicados en el procés. 

Aunque un periódico le definió como azote de la izquierda y del gobierno, también guardo en mis recuerdos el cabreo que Concepción provocó en las filas del PP por no defender con firmeza la capitalidad judicial de Burgos. Fue cuando el alcalde Lacalle, con el apoyo de abogados y procuradores, hizo llegar al ministro Ruiz Gallardón más de 13.000 firmas de ciudadanos burgaleses para mantener en esta ciudad la presidencia del TSJ, al conocerse el informe de un comité de expertos que, entre otras medidas, proponía llevársela a Valladolid.