Cuando parecía que la trama de corrupción conocida como Catargate, en la que se pagaron presuntamente sobornos a eurodiputados desde Catar y Marruecos con el fin de ganar influencia en Bruselas, se estaba estancando, nuevas informaciones hacen saltan de nuevo el caso a la primera plana. Según adelantaron varios medios nacionales, las autoridades continúan sus investigaciones y la Policía belga habría llevado a cabo ayer el registro de los despachos de otros dos implicados en esta trama.

En concreto, los agentes se desplazaron hasta el piso 15 del edificio Altiero Spinelli del Parlamento Europeo, en Bruselas, donde precintaron la oficina de los eurodiputados Marc Tarabella, del Partido Socialista belga, y el italiano, también progresista, Andrea Cozzolino, detenido en su país natal y a la espera de ser extraditado a Bélgica.

Esta intervención se produjo, además, después de que Tarabella reanudase recientemente su trabajo en el Parlamento Europeo tras pasar varios meses en prisión y bajo arresto domiciliario hasta el pasado mes de mayo.

La información fue desvelada por el secretario general, el italiano Alessandro Chiocchetti, que confirmó que la Policía «selló dos oficinas de dos diputados esta mañana», confirmando la identidad de los socialistas implicados en el escándalo.

Al parecer, la intervención, que se llevó a cabo con total normalidad, pasó desapercibida en la sede ubicada en Bruselas. En este sentido, fuentes oficiales del grupo socialista en el Parlamento comunitario afirmaron, después de trascender la noticia de los registros, que la Policía «no ha entrado en las oficinas del grupo», desmintiendo así las informaciones publicadas horas antes.

Desde la propia Eurocámara se confirmó a las pocas horas que «no ha habido nada que no se supiera ya o que no se esperase» en esta nueva línea de actuación. 

La última operación policial se produce poco después del intento de regresar a la primera línea de la socialista Eva Kaili, otra de las acusadas. La política griega fue destituida el pasado diciembre como vicepresidenta de la institución y detenida por su presunta implicación en la trama de corrupción que implicaba el pago de sobornos por parte de Catar para ganar influencia en la toma de decisiones políticas y económicas en la institución europea. Recientemente, Kaili afirmó en varias entrevistas que es víctima de un complot de los servicios de espionaje belgas, a los que acusó de haber investigado ilegalmente a eurodiputados.