La población española en general y en nuestra región en particular está envejecida. Y aunque vivimos mejor y más años, cuando no podemos afrontar nuestro autocuidado, la residencia es una opción, que debe ofrecer unos cuidados integrales.

Es sorprendente que la recién publicada ley 3/2024, reguladora del modelo de atención en las residencias y centros de día para CUIDADOS de larga duración en Castilla y León, no menciona en ninguno de sus párrafos al profesional que por su formación y capacitación es el referente en cuidados: el Grado Universitario en Enfermería, es decir la enfermera. Y al más elevado nivel de especialización reglada, la especialista en enfermería geriátrica. 
Pero esta no es una reclamación como profesional. Es un reclamo como persona, usuaria, ciudadana, paciente… 

El lector con la experiencia de 'tener que llevar' a los padres, abuelos, a una residencia, sabe bien que es una decisión difícil y en ocasiones dolorosa, y que se anhela una atención humana y profesional. Es 'material sensible, frágil' y va a quedar desprovisto de nuestra protección. Llega ya con unas necesidades especiales, que ni él ni la familia pueden afrontar. Precisan atención. De personal experto. Que sepa bien valorar necesidades, prevenir y detectar problemas de salud reales o potenciales, tratar sus enfermedades crónicas, administrar tratamientos, medicación, rehabilitar lesiones y optimizar su funcionalidad. Ofrecerle la mejor calidad de vida posible en un contexto social y sanitario controlado. Suena bien. Pero no siempre se logra. Veamos por qué.

El problema de falta de profesionales sanitarios en los centros de mayores es real y multicausal, por las peores condiciones laborales y la sobrecarga asistencial que acaban dejando vacíos los puestos que ahora se decide ofrecer a otras profesiones creadas, aún sin contenido, con esa manida excusa de que 'no hay enfermeras', cuando la realidad es que se encargan de apartarlas con ese flagrante desprecio salarial y con agendas imposibles de abarcar acorde a la calidad que exige el trabajo enfermero. Esta decisión alerta y raya el intrusismo. ¿Con qué objeto? ¿Abaratar más los costes de personal? 

Además, deja sin cubrir la asistencia sanitaria que el centro debería prestar, teniendo que ser derivados al centro de salud o al hospital. Esto no parece una buena gestión de recursos, ni es la mejor opción para el residente.

Ya se puso en evidencia cuando la afección por COVID invadió los centros sociosanitarios porque las características de las personas mayores, más vulnerables y dependientes y además congregadas en un hábitat de convivencia, favorecía el contagio. Y se les pidió una asistencia medicalizada que la mayoría no pueden dar porque no cuentan con médicos y enfermeros en la ratio adecuada ni con los recursos materiales. 

¿Qué garantías de buen cuidado pueden tener nuestros mayores, si los profesionales mejor preparados no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones ni en la ejecución de mejoras? No son mejoras.