Esta palabra resuena en los medios por temas políticos y escucharla nos genera cierta alerta porque sabemos que en ocasiones es motivo de conflictos.

Parece que hablar de política no le corresponde a este espacio de Tribuna Sanitaria, pero en realidad sí, porque el sistema sanitario necesita de políticas que lleven a una gestión universal y eficiente.

A veces, las concesiones en sanidad se convierten, tristemente, en una promesa electoral o en una moneda de cambio. Las diferencias en la gestión de las distintas comunidades autónomas, que como sabemos tienen transferidas las competencias en materia sanitaria, pueden conllevar también un desigual acceso y atención a los ciudadanos.

Lo diferente está de moda. Pero en salud nadie quiere tener menos cobertura, más tiempo de espera para una consulta o una cirugía, peor acceso a ser atendido en la Atención Primaria, o no contar con los mismos servicios especializados… Es cierto que las unidades de referencia de ciertas áreas médicas que existen en nuestro país son necesarias porque cuentan con la experiencia y recursos necesarios para ofrecer una atención concreta de calidad.

No es momento de cuestionar la autonomía, pero sí de abogar por unos estándares en los servicios de la sanidad pública de todas las regiones de España. Cada comunidad toma decisiones acerca de la gestión del gasto y el uso de recursos, en función de la parte del pastel de reciben. La descentralización tiene el objetivo de aligerar el funcionamiento del sistema nacional de salud, pero si sirve para crear desigualdades entre los individuos y entre los profesionales, se convierte en un problema. Sanitarios con grandes diferencias en las retribuciones, la oportunidad de estabilizar contratos, la valoración de méritos, oferta de empleo, el reconocimiento de su carrera profesional, la formación… Y aunque pueden concurrir otras causas sociodemográficas, sabemos que estas diferencias influyen en la dotación de los servicios sanitarios, y por tanto en la salud de los ciudadanos.

Podría ser una anécdota que hayan llegado a trabajar a nuestro hospital público un grupo de enfermeras de otra región, que al terminar sus estudios no han sido contratadas en la sanidad pública de su territorio, a pesar de la evidente falta de profesionales. Parece que en unas comunidades más que en otras se está notando la temida privatización de la asistencia sanitaria. 

La empresa sanitaria privada tiene su espacio en la sociedad, pero la gestión adecuada de recursos materiales y profesionales públicos debe permitirnos ofrecer a los ciudadanos estas garantías que recoge nuestra Ley General de Sanidad. Universalización de la atención a toda la población, independientemente de su posición económica y financiera.

En un ranking mundial en el que se enumeran los 33 países desarrollados del planeta con la mejor calidad asistencial en sus respectivos sistemas sanitario, España ocupa el quinto lugar en la lista global. Pero no nos confiemos y trabajemos con honestidad por este gran valor de universalidad y equidad, que podemos perder por políticas desenfocadas.