CCOO y UGT alertaron ayer de que entre 9.000 y 12.000 empleados de las administraciones locales de la Comunidad (100.000 en España) que en la actualidad se encuentran en situación precaria, principalmente temporales, podrían ser despedidos con los planes de ajuste y decretos impuestos en numerosos ayuntamientos de Castilla y León, que en muchos casos ni siquiera negocian estas salidas con los representantes de los trabajadores, según ambos sindicatos. Esta cifra sería la correspondiente, aproximadamente, a entre el 30 y el 40 por ciento de las 30.000 personas que desempeñan su función en ayuntamientos, diputaciones provinciales y mancomunidades de la región.
Por este motivo y para que la sociedad se entere de que «el PP hunde en la miseria a los empleados públicos», CCOO y UGT celebrarán hoy, 29 de mayo, movilizaciones conjuntas en todas las capitales de provincia españolas, además de en algunos ayuntamientos más pequeños en los que la situación que se avecina es oscura, como es el caso de Laguna de Duero (Valladolid).
Durante estas concentraciones se pondrá en valor que la reducción de plantillas o la bajada de los salarios de los trabajadores generarán una reducción de la calidad de los servicios públicos, vinculados históricamente a Policía Local, Bomberos, Limpieza, Personal de Apoyo y servicios de formación y administrativos. «Queremos que la sociedad entienda la importancia de estas labores», explicó la responsable de Administración Local de la FSP-UGT, Soledad Marcelino, quien acompañada de su homólogo de CCOO, Marcos Cítores, presentaron las movilizaciones.
Negociaciones. En la capital del Pisuerga la concentración no se desarrollará frente al Consistorio, sino en la sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), en el entorno de las Cortes de Castilla y León. Una de las ciudades donde mayor fuerza se apreciará será en León, donde existe una amenaza de despido para más de 270 personas, si bien ambos sindicalistas destacaron que al menos el equipo de Gobierno de Emilio Gutiérrez está negociando estos despidos.
A su juicio, en muchos de los ayuntamientos, como los de Zamora, Laguna de Duero o Cabezón de Pisuerga (Valladolid), se están aprobando decretos «encuadrados en planes de ajuste globales que aprovechan para despedir de forma oscura», según dijo Cítores, y bajo criterios de «objetividad económica», una peculiaridad por la que abogan para que no se aplique el Estatuto de los Trabajadores.
Cítores recordó que muchos de estos empleados «no son ni mileuristas» y tras estos planes de ajuste, acompañados de la última reforma laboral, su situación «empeorará mucho más para que los que se quedan». Y es que el documento aprobado por el Gobierno posibilita el despido del personal laboral fijo de las administraciones sin posibilidad de aplicar reducciones de jornada o suspensión temporal de contratos. También matizó que estos planes «sirven para pagar a los proveedores, pero no garantiza el pago a los trabajadores».